El Síndic critica cuatro años de parálisis del Ayuntamiento de Orihuela y la Generalitat para actuar sobre unos vertidos tóxicos

Ángel Luna saca los colores a las administraciones local y autonómica por su "pasividad" a la hora de adoptar medidas frente a posibles infracciones por un derrame de hidrocarburos y metales contaminantes a raíz de la DANA de 2019

Técnicos de conselleria recogen muestras del terreno en marzo de 2023

Técnicos de conselleria recogen muestras del terreno en marzo de 2023 / TONY SEVILLA

Loreto Mármol

Loreto Mármol

Cuatro años de espera para que la Administración resuelva un expediente iniciado en el año 2020 que se encuentra desde entonces en fase de información y actuaciones previas, sin que se haya adoptado una decisión definitiva sobre abrir una sanción o archivarlo.

Se trata de varios escritos de denuncia que ha realizado Álvaro Meseguer por el funcionamiento sin licencia de un taller que genera la contaminación de los suelos en los que se ubica y en la parcela colindante, de su propiedad.

Meseguer, propietario de una plantación de 203 árboles de lima persa, en una superficie de 3.800 metros cuadrados anexa a un un taller mecánico, en la carretera de de Alicante-Murcia en Orihuela, ha solicitado en varias ocasiones a la Generalitat el cierre total o parcial de las instalaciones para garantizar la salud de los vecinos, además de indicar que se está ejerciendo una actividad en un suelo no apto para ello. Al mismo tiempo, ha hecho responsable al Ayuntamiento de Orihuela por "permitir tal actividad contaminante en un suelo rural".

Según un informe pericial, del 13 de noviembre de 2020, su terreno se vio seriamente afectado en la DANA de septiembre de 2019 por un vertido de residuos, cuando los tanques que almacenaban en el taller los aceites de motor usados y lubricantes se vieron afectados por las inundaciones.

Imagen de los vertidos tras la DANA de 2019

Imagen de los vertidos tras la DANA de 2019 / Información

El agricultor fue observando un deterioro irreversible en la plantación. Fue entonces cuando un laboratorio homologado realizó hasta tres analíticas que acreditaron que existían hidrocarburos procedentes del petróleo tanto en el suelo como en el tejido vegetal de los árboles, así como metales pesados contaminantes y altamente tóxicos y fitotóxicos -cadmio, mercurio y plomo- que superaban los límites permitidos.

Sus esfuerzos para evitar la muerte del arbolado fueron en balde. El 1 de agosto de 2020 no pudo continuar con las labores de explotación de la finca, y desde entonces comenzó su pelea. Por su parte, el taller siguió las pautas marcadas por la Administración. Retiró los tanques, solicitó el certificado de compatibilidad urbanística de la actividad y comenzó los trámites para obtener la licencia ambiental.

Pero la Administración no ha resuelto. Ahora, el Síndic de Greuges, a raíz de una queja de Meseguer, ha sacado los colores tanto al Ayuntamiento como a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio recordándoles el deber legal de resolver, en el plazo legalmente establecido, todos los procedimientos.

En su informe, el Defensor del Pueblo recomienda -porque no puede obligar- a la conselleria que adopte "una decisión expresa, congruente y motivada" sobre los vertidos. Pese a que ya en marzo del año pasado realizó un muestreo, el departamento de Medio Ambiente ha respondido al Síndic que "continúa en fase de información y actuaciones previas, con el fin de conocer las circunstancias y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento sancionador".

Sobre el Ayuntamiento, que no le ha remitido el informe requerido, Ángel Luna señala "la pasividad municipal a la hora de atender los escritos presentados por la persona interesada y reaccionar frente a los incumplimientos e infracciones que quedasen constatadas".

Por ello, recomienda a la Administración local que, en el marco de las competencias que le corresponden en materia de prevención, calidad y control ambiental de actividades, "adopte las medidas necesarias para investigar los hechos denunciados" en relación a la actividad del taller y "resuelva sin demora, logrando la plena vigencia de los derechos de las personas afectadas y, en especial, del derecho al disfrute de un medio ambiente adecuado".

"Suelo contaminado"

Mientras tanto, Meseguer ha solicitado a la Conselleria de Residuos que "se declare suelo contaminado, se clausure la actividad y se impongan las sanciones a las que haya lugar", en base a un informe de la Conselleria de Agricultura concluyera que "la presencia de componentes químicos en el suelo podrían representar un riesgo para la salud humana y el medio ambiente y quizá deba considerarse que el suelo de la parcela tiene carácter de suelo contaminado, aunque en este sentido es la autoridad competente en materia de medio ambiente [la Conselleria de Residuos] quien deberá pronunciarse al respecto".

Usos permitidos

A su vez, la Conselleria de Medio Ambiente, a raíz de una consulta formulada por el Ayuntamiento en relación a la legalización de la ampliación de la actividad del taller ubicado en suelo urbanizable no programado, ha señalado que la actividad obtuvo una licencia municipal en 1973, sin embargo, "sus instalaciones fueron objeto de una ampliación sustancial que se efectuó careciendo de autorización urbanística y ambiental", a lo que ha añadido que "la propia Corporación desconoce si la concesión de la licencia provisional cumple o no los requisitos legales". Con todo, ha concluido que le compete al Ayuntamiento "verificar el cumplimiento de los requisitos, no resultando pertinente el otorgamiento de la licencia provisional pretendida en el supuesto de que no queden debidamente acreditados".

Hay que recordar que tanto el suelo en el que se ubica el concesionario como la parcela anexa de Meseguer con suelos clasificados como urbanizables sin desarrollar, con los usos permitidos de agrícola, dotaciones y equipamientos públicos y privados de carácter cultural, deportivo, comercial, social o de ocio.

Así, Meseguer concluye que "el Ayuntamiento y la Conselleria de Residuos no están ejercitando sus potestades administrativas que son de obligado cumplimiento, ya que están consintiendo bajo ilegalidad el ejercicio de una actividad peligrosa sin licencia y sin ningún expediente administrativo sancionador, al mismo tiempo que insiste en que "la Conselleria de Residuos elude declarar el suelo contaminado, poniendo en riesgo la salud de los vecinos de Orihuela y poblaciones limítrofes, puesto que la contaminación puede haberse filtrado en aguas subterráneas y llegar hasta Guardamar del Segura".