Los vecinos de Torremendo se movilizan contra la planta de basuras comarcal y temen que el proyecto enmascare una incineradora

"Si nos quieren tomar medida… que sepan que en Torremendo no tenemos medida". Los vecinos de Torremendo decidieron ayer en asamblea a mano alzada emprender acciones judiciales y de movilización ciudadana contra el proyecto de instalación de una planta de tratamiento de residuos presentada por la concesionaria de la gestión comarcal de residuos UTE Vega Baja (Prezero-Ortiz).

Aforo lleno

El salón principal del centro social se quedó pequeño para acoger la reunión convocada por la Asociación de Vecinos de Torremendo "Virgen de Monserrate" destinada a ofrecer información y tomar decisiones conjuntas una vez que ha sido registrada la propuesta de construcción de la planta comarcal de triaje y valorización de residuos en sus tierras.

Orihuela albergará la planta comarcal de tratamiento de basura sin vertedero

A la reunión, moderada por Lucía Páez, acudieron además representantes murcianos de la Asociación de Zeneta contra el vertedero y los pedáneos de las poblaciones de Beniel, El Mojón y El Raiguero, poblaciones murcianas situadas en el límite con la provincia de Alicante y afectadas asimismo por los terrenos previstos para llevar a cabo la construcción, adquiridos por la concesionaria en 2008 en La Pistola-La Ermita. Estuvieron presentes también en la asamblea representantes de la Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas y la Asociación de Amigos de Sierra Escalona. Entre los asistentes se encontraba el exalcalde de Orihuela, Monserrate Guillén.

Otra ubicación

Tras varias décadas de lucha contra dos proyectos de similares características propuestos en los años 90 y 2000, ganada por la presión social ejercida y en los juzgados, los vecinos desconfían del todo de los mensajes de la Administración.

Tampoco les genera confianza el lanzado por el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara (PP), que tardó tres días en reaccionar al anuncio del registro del proyecto de la concesionaria, formada por la multinacional Prezero y Ortiz, para asegurar que el Ayuntamiento va a plantear otra localización. Sonia Bautista, pedánea de Torremendo, dio la cara por los vecinos para señalar que estará con ellos y reiterar lo que ya dijo Vegara: se busca otra ubicación.

Una legislación más favorable

En la reunión se indicó que las previsiones del plan zonal de la Vega Baja de 2008, fecha de adjudicación del contrato, nada tienen que ver con la actual legislación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana vigente desde 2019, adaptada a la legislación europea, que busca la generación de residuo cero y la puesta en marcha de la economía circular. Unas regulaciones que incumplen de forma sistemática la mayoría de los 27 municipios de la comarca. 

Protección ambiental

Diferente es también una década después la legislación ambiental y el contexto de conservación del territorio. Sobre los terrenos planteados para la instalación de la planta recae la proximidad del Paisaje Protegido de Sierra Escalona declarado en 2018, y el riesgo geomorfológico de inundación, además de la protección en el ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales como espacio de amortiguación de impactos del futuro Parque Natural. Es este riesgo geomorfológico y la medida declarada de Paisaje Protegido lo que ya ha evitado la construcción de una planta de tratamiento de purines y varios proyectos de planta solar en el mismo emplazamiento. Los vecinos se preguntaban ayer perplejos cómo era posible que Prezero-Ortiz considere que ahora va a rebasar esa protección jurídico ambiental para levantar su infraestructura ambiental.

Sin conocer el proyecto

De momento, el Consorcio Comarcal de Residuos Vega Baja Sostenible no ha hecho público el detalle del proyecto, que inicialmente se anunció sin vaso de vertido, sin eliminación de basuras. También se informó de una evidencia: ninguna de las grandes plantas de valorización de la Comunidad Valenciana cumple los objetivos para los que fueron diseñadas que no es otro que favorecer al máximo el reciclaje y reducir al mínimo el volumen de basura enterrada. Hasta las más recientes que cuentan con la tecnología más moderna están colmatadas e incumplen esas previsiones.

El nivel de reciclaje apenas supera el 40% en las más eficientes, sobre todo porque los grandes municipios incumplen la legislación que les obliga desde enero de 2021 a reciclar y aumentar las tasas a quienes más residuos generen y menos reciclen.

Fracaso de Torrevieja y Orihuela

Los ayuntamientos de Torrevieja y Orihuela, que suman ambos la generación de más del 50% de los residuos de toda la comarca, son incapaces de reducir el volumen de la fracción orgánica con su reciclaje en origen, disminución que se consigue mediante la instalación de contenedores separativos de fracción orgánica -el quinto contenedor marrón- o el puerta a puerta, medidas implantadas desde hace más de una década en Euskadi, Navarra y Cataluña. En Torrevieja se incumple pese a que el contrato que abona el Ayuntamiento desde julio de 2022 lo exige a la empresa adjudicataria en el pliego de condiciones como uno de sus requisitos principales.

Quemar lo que sobra

Ante ese escenario la Asociación de Vecinos teme que si la planta de Torremendo se convierte en la única de envergadura de la comarca termine recibiendo 200.000 toneladas anuales y si no contempla vaso de vertido tenga que recurrir a otras alternativas para suprimir los residuos: la valorización energética, traducida en incineración de residuos.

El Consorcio Vega Baja Sostenible cuenta con distintos planes de gestión no solo el de la planta de valorización. En teoría Prezero-Ortiz debería desarrollar tres plantas para tratar fracción orgánica y podas que ayudarían a reducir el volumen que llegaría a la planta de valorización mayor comarcal, pero de ellas nada o poco se sabe más allá de que uno de sus emplazamientos podría ser el polígono industrial de Los Montesinos. De hecho, la empresa se ha apresurado a presentar esta propuesta antes de resolver ese paso intermedio.

Seguir exportando

La administración que más prisa tiene en solventar la falta de infraestructuras es la Generalitat que sigue haciendo encaje de bolillos para reubicar la basura en las plantas de la provincia de Alicante y València. Sus infraestructuras de tratamiento en Quart de Poblet y Manises recibirán hasta 35.000 toneladas de residuos de la comarca este año con la condición de poder hacer lo propio con sus basuras cuando la planta de la Vega Baja esté en marcha, según figura en el convenio que ha firmado el Consorcio de esta ciudad con Vega Baja Sostenible. El envío de sus basuras le cuesta a la comarca más de 150 euros por tonelada que se lleva a las plantas valencianas.

Pero también aprietan los 27 municipios de la comarca que han pagado en conjunto durante 2023 más de 19 millones de euros en transporte y eliminación de basura fuera de la Vega Baja.