Las defensas arremeten contra la investigación del Plan Zonal: «Se han limitado a las escuchas»

Los duros ataques a la instrucción del proceso por la instalación de un macro vertedero en la Vega Baja, la principal causa del caso Brugal en la que están acusados el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, entre otros, centraron de nuevo la segunda sesión del juicio que por estos hechos se está celebrando en la sede de la Audiencia en Elche.

Una jornada en la que las defensas fueron especialmente críticas con una investigación «que partió de unas grabaciones (las de Fenoll) que la propia Policía certificó que estaban manipuladas y que, sin otras pesquisas previas, se limitó a intervenir los teléfonos de los sospechosos cuando se trata de una medida excepcional que afecta a un derecho fundamental». Es lo que denunció en su turno de cuestiones previas José Sánchez, defensa del exportavoz socialista en la Diputación Antonio Amorós.

No fue el único de los cinco letrados que intervinieron este miércoles que arremetió contra el modus operandi de los investigadores. Fernando Candela, que representa a quien fuera secretario de Presidencia de la Generalitat Vicente Gomis, acusado también en esta causa, ahondó en ello al afirmar que «el 95% del material probatorio son las escuchas. No se puede estar escuchando durante tres años. Primero hay que investigar y luego intervenir las comunicaciones y no al revés», explicó.

El letrado criticó también los autos judiciales por los que se prorrogaron los pinchazos («no pueden ser autorizaciones en blanco, deben concretarse los hechos, lo que aquí no ocurría», precisó) y agregó que «las primeras cartas defectuosas deben arrastrar al resto del castillo de naipes». Metáfora que utilizó para apoyar la pretensión, común a todas las defensas, de que el tribunal invalide escuchas, registros y demás diligencias y zanje el proceso antes de que con los interrogatorios de los acusados comience la vista oral el próximo enero. Un juicio que está previsto que dure hasta junio y que se va a celebrar casi tres lustros después de comenzar a investigarse los hechos.

Pero los duras reprobaciones de las defensas a la instrucción judicial no acaban ahí. El letrado Francisco Ruiz Marco, quien ha representado con éxito a Ortiz en otras piezas desgajadas de Brugal, la última la del PGOU de Alicante, centró una buena parte de su intervención en las trabas que ha puesto el juzgado para acceder al contenido de esos pinchazos. Denunció que después de reiteradas peticiones únicamente consiguieron que les permitieran ir a escucharlos en sede judicial y solo los de su cliente. «Al negar el acceso a los audios se niega el conocimiento al núcleo principal de la causa», se quejó. Y apuntó que «la base del escrito de acusación son 172 conversaciones de las 892 que constituyen la prueba de cargo. Sin conocer ese material no puedo defender a mi cliente. Si ustedes no lo remedian», dijo al tribunal, «los acusados se enfrentan a una petición de 122 años de prisión con unas pruebas que solo conocen los fiscales y que ellos van a conocer en el mismo momento en que estén siendo juzgados, algo inadmisible en un Estado de Derecho».

Las defensas intentan evitar el juicio por las supuestas ilegalidades del Plan Zonal

También denunció el defensor de Ortiz que el mismo juzgado fuera prorrogando los autos por los que se intervenían las conversaciones cuando se iban ampliando con hechos nuevos (hasta una docena enumeró) «que afectaban hasta a cuatro provincias», precisó. «Y todo con la intención de mantener el control de la instrucción durante años», apostilló.

Al igual que hicieran los abogados que intervinieron en la primera sesión, Ruiz Marco definió este proceso como «una causa general inquisitorial» e insistió al tribunal: «Adopten la decisión cuando ustedes estimen (en alusión a que lo hagan por auto ahora o en la sentencia a final de la vista oral), pero habrá que excluir las grabaciones porque es un material de cargo que los acusados no conocen. Y a eso se tiene que dar una cobertura jurídica».

Su compañero de bufete y abogado del coordinador de limpieza de la Ute, José Candel, lamentó «el calvario personal y profesional que estas personas llevan soportando 14 años por no haberse percatado la Fiscalía de que las grabaciones en las que apoyó su denuncia eran material defectuoso. Lo podía haber comprobado antes», espetó.

Este jueves será el turno de las cuatro defensas restantes, entre ellas la de Mónica Lorente.

Suscríbete para seguir leyendo