El Consejo de Administración del Puerto de Alicante ha desestimado las peticiones de suspensión contenidas en los recursos de reposición interpuestos por la asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante y por el particular Miguel Ángel Pavón en contra del acuerdo del pasado 29 de junio por el que se otorga la concesión a una sociedad para continuar con la explotación de una terminal de betún asfáltico en el muelle 17. Esta industria lleva funcionando desde principios de los años 90 con una concesión portuaria que caducó en marzo de 2020. La Autoridad Portuaria aún tiene que resolver los recursos interpuestos.
"Unos meses antes de que caducara se tramitó una nueva concesión contra la que alegamos en enero de 2020, alegaciones que fueron desestimadas más de dos años después, en junio de 2022, aprobándose a la vez la nueva concesión, que ahora hemos recurrido en reposición", señalan las partes contrarias.
Según explica Pavón, la cuestión clave en este momento es el informe de impacto ambiental favorable que ha emitido la Generalitat. "El Puerto pretende que sea aplicable a toda la instalación cuando la Generalitat ha emitido su informe sólo sobre su ampliación con dos depósitos más, no sobre la totalidad de la instalación industrial. En el recurso argumentamos varias veces que ese informe de impacto ambiental no es válido para la concesión aprobada".
En los recursos planteados, de idéntico formato y que en el fondo pretenden que esta actividad no se realice en el Puerto, donde lleva ya tres décadas, se pedía la suspensión de dicho acuerdo, “en base a que pueden producirse perjuicios de imposible o difícil reparación sobre el espacio marino protegido de Tabarca y sobre el derecho a la salud y la seguridad frente a accidentes de los vecinos residentes en el entorno del Puerto de Alicante”.
"Cabe advertir que los recurrentes han fundamentado la petición de suspensión en la posibilidad de que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación sobre el espacio marino protegido de Tabarca y sobre el derecho a la salud y la seguridad frente a accidentes de los vecinos residentes en el entorno del Puerto de Alicante. Planteada así la solicitud, es de ver que no se concreta ningún perjuicio concreto e inmediato que haga conveniente suspender el acto hasta la resolución de los recursos planteados, dado que el único fundamento que se esgrime para ello no es otro que el planteamiento de los argumentos de fondo reflejados en los escritos. En este sentido, la medida de suspensión del acto no puede adoptarse como juicio anticipado de las cuestiones materiales que motivan la impugnación, que serán objeto de contraste en la resolución posterior que se dicte", señala la Autoridad Portuaria en la resolución de las peticiones de suspensión, que se trataron la semana pasada en una reunión del Consejo de Administración.
Los recursos de reposición contra la nueva concesión se presentaron el 11 de agosto y el Puerto ha desestimado las peticiones de suspensión en pleno mes vacacional sin apurar plazos dado que la suspensión de la concesión se habría aplicado de forma automática si no se hubiera resuelto en un mes.
La Plataforma por un Puerto Sostenible, integrada por varios colectivos vecinales y ecologistas que de la ciudad de Alicante, como las asociaciones de vecinos Gran Vía Sur-Puerto y San Gabriel y los grupos ecologistas Amigos de los Humedales del Sur de Alicante y Ecologistas en Acción, alegaron en enero de 2020 ante el Puerto y en julio de 2021 ante el Ayuntamiento de Alicante contra la solicitud de licencia ambiental de la fábrica de betunes asfálticos ubicada en el muelle 17. Tanto en las alegaciones como en los recursos, los colectivos sostienen que no pueden autorizarse instalaciones de producción industrial en una zona de uso comercial, al representar un uso no contemplado en la vigente Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto.
Los alegantes sostienen que la instalación es un peligro por los posibles vertidos a 900 metros de la isla de Tabarca
En segundo lugar, denunciaban que la fábrica no dispone de diversas autorizaciones, estudios y los informes exigibles pese a que la actividad se desarrolla desde hace 30 años. Desde la licencia ambiental, que se tramita ahora ante las denuncias de la Plataforma de que la fábrica no disponía de instrumento alguno de intervención ambiental, hasta «los preceptivos informes de evaluación de impacto ambiental y de repercusiones sobre espacios de la Red Natura 2000», subraya Miguel Ángel Pavón, portavoz de la plataforma.
En concreto, aludían al espacio marino protegido de la isla de Tabarca, situado a menos de 900 metros de la fábrica, así como, según la plataforma, la falta de un estudio de integración paisajística y por distintas comunicaciones y autorizaciones relativas a la producción de residuos peligrosos como actividad potencialmente contaminadora del suelo. Respecto a la evaluación de impacto ambiental, exigen que el procedimiento aplicable sea el ordinario y no el simplificado, precisamente por el impacto de la fábrica ( vertidos accidentales, incendio, explosión) sobre la reserva marina de Tabarca.
La plataforma denuncia también la peligrosidad de la fábrica por el riesgo de producirse un accidente grave al manejarse sustancias químicas peligrosas como el betún base, el ácido clorhídrico o las aminas (compuestos derivados del amoniaco).
Según Miguel Ángel Pavón, que recurre a título particular, no figura en el expediente ninguno de los planes e informes exigidos por la legislación aplicable, como un plan de emergencia interior, «un plan de seguridad exterior al situarse la fábrica a menos de mil metros de barrios como Ensanche-Autobuses, Benalúa o Gran Vía Sur y a menos de 1.500 metros de San Gabriel, o un informe de seguridad».
La Plataforma pedía que se tenga en cuenta, por otro lado, la proximidad de la infraestructura con otras instalaciones peligrosas, como una fábrica de fertilizantes, también en el muelle 17, o, incluso, la proyectada primera fase de la planta de combustibles del muelle 19, «por el efecto dominó que multiplicaría las consecuencias de un accidente en la fábrica al extenderse a esas otras instalaciones», apunta Pavón.
La planta se encuentra muy próxima a barrios muy poblados como Gran Vía Sur, San Gabriel y Benalúa
También proponían que la actual fábrica se traslade a un polígono industrial fuera del ámbito portuario y apuestan por la alternativa cero, que recoge el documento ambiental, «perfectamente viable y la más adecuada desde el punto de vista ambiental y de prevención de riesgos a la población. Por ello pedimos que no se renueve la concesión, y se descontaminen los terrenos donde se ubica».
Tráfico portuario
Por otro lado, el tráfico de mercancías y pasajeros por los 46 puertos de interés general del Estado mantiene un ritmo de crecimiento del 6,9% en los siete primeros meses del año, alcanzando los 332.756.499 toneladas de mercancías. Más notable aún ha sido el incremento del tráfico de pasajeros que con 16.268.749 creció un 122%. De esta forma, 21 de las 28 Autoridades Portuarias que gestionan los puertos de interés general han experimentado incrementos que van desde el 0,3% de Las Palmas hasta el 54,8% de Málaga en julio.
En el caso del Puerto de Alicante, destaca el fuerte aumento del tráfico de pasajeros gracias a la recuperación de los cruceros, con un incremento del 3.332% ya que de enero a julio de 2021 llegaron 3.290 y en el acumulado de este año van ya 112.917, según datos de Puertos del Estado, así que se recupera plenamente este sector turístico.
En cuanto a las mercancías, también crece el tráfico en el Puerto de Alicante por encima de la media estatal. Así, en el acumulado desde enero el movimiento es de 1.837.346, frente a 1.456.601 en el mismo periodo de 2021. El aumento es del 26,14 por ciento.
