Análisis | Un arranque atropellado en Alicante

En el Salón Azul, el más noble del Ayuntamiento de Alicante. Rodeado por los más cercanos, unos sentados en primera fila y otros en la última para dar instrucciones, y bajo la mirada de representantes de la oposición municipal, a los que se les convocó unos minutos antes. En presencia de numerosos medios de comunicación, a los que no se les había comunicado el motivo de una convocatoria inusual. Así, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, compareció este viernes para hacer balance de los primeros cien días del gobierno surgido del 28M.

Lo hizo, o así lo tenía previsto, para presumir de gestión municipal, para hacer un relato prolijo de todas y cada una de las actuaciones desarrolladas (empezadas o finalizadas) desde que a mediados de junio se formó el ejecutivo en solitario del PP. El alcalde habló de las obras de (supuesta) «transformación», aunque sin hacer alusión alguna a los retrasos que han afectado a todas, sin excepción, incluida a la de Mártires de la Libertad (Conde de Vallellano, aún para el alcalde), con el tráfico ya rodando, pero la plaza de Canalejas a la espera de apertura desde el 16 de agosto. También mencionó los bonos para intentar mitigar los efectos de las obras en el sector productivo, aunque pasando por alto que no ha cumplido lo prometido: la campaña para el comercio no cuenta con ningún presupuesto extra, y eso que se anunció.

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Barcala, a su vez, presumió de los árboles que se plantarán en la ciudad con motivo de las actuaciones urbanísticas (hasta 600, dijo), olvidando los cientos de ejemplares que se han quedado por el camino, desde las melias de la avenida Constitución, que se trasplantaron al parque de Sergio Melgares a pesar de las indicaciones técnicas y que finalmente (como era previsible) no han sobrevivido, hasta los árboles arrancados en los trabajos actualmente en ejecución en los ejes Marvá-Gadea y Jijona-Maestro Alonso. Al respecto, tampoco hizo referencia a las sombras, o más bien a su ausencia, en la ciudad, y eso que se vio obligado a poner toldos de emergencia este verano, pero para los cruceristas que querían visitar el castillo de Santa Bárbara. 

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Y pese a que la mayoría de esas actuaciones están ligadas a la futura Zona de Bajas Emisiones, Barcala no hizo mención alguna a la herramienta que debe implantar por ley hasta que no se le preguntó por ella. Después, tampoco aclaró nada: sigue sin tener fecha de arranque, a pesar de la presión del ministerio que gestiona los millonarios fondos adjudicados por Europa para que las ciudades apuesten por una movilidad más sostenible, donde el vehículo privado tendrá cada vez menos espacio. 

Ni del curso de tarot, ni de las ayudas perdidas, ni de los retrasos en las obras ni de las causas judiciales llegó a hablar

Sobre el autobús, uno de los contratos renovados recientemente, Barcala presumió del aumento de viajeros a lo largo de este 2023. No pudo hacer lo mismo, presumir, del nuevo contrato de la limpieza, que pese a firmarse hace nueve meses entró en vigor el pasado 1 de septiembre. Es el «gran caballo de batalla», y lo admite. Pidió paciencia, a su manera: los cambios irán llegando durante los próximos seis meses, incluida la nueva maquinaria, tan necesaria. Eso sí, los alicantinos ya pueden ver a barrenderos los fines de semana por las calles. También pueden ver, o eso dijo el alcalde, a la Policía de Barrio. Más de un centenar de agentes, dice, hay repartidos por los barrios de la ciudad. Ninguna alusión hubo a los líos con las oposiciones a la Policía Local, que están llenando los juzgados por reiteradas denuncias de los afectados. 

Tampoco hubo referencia en el balance del alcalde a que en estos cien últimos días han sido procesados dos exconcejales del PP por su gestión municipal ni a que el Ayuntamiento apuesta por no personarse en el caso, al sostener que no ha existido perjuicio económico. Siguiendo con los tribunales, Barcala no mencionó la ordenanza de la mendicidad, aunque ha recurrido ante el Tribunal Supremo para defender su redacción original, incluyendo las multas a los que menos tienen por dormir en la calle. 

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También a la espera de resolución judicial está el Plan Local de Residuos, que además ahora va a ser fiscalizado por el Parlamento europeo. El regidor sólo defendió el documento al ser preguntado.

Pese a los más de cuarenta minutos de intervención, Barcala omitió dos de las polémicas más sonadas de estos cien días, al margen del caos en la ciudad por las obras en el verano. Ignoró dos cuestiones que han afectado a funcionarios municipales, pero que se han abordado con diferente sensibilidad: pasó por alto el «estúpido» curso de tarot para fomentar el éxito empresarial, del que días atrás culpó directamente a dos técnicas por obviar la «necesaria supervisión», y también evitó hablar de la pérdida de 535.000 euros de una subvención de la Diputación, que el gobierno local ha intentado tapar con el socorrido «error humano», tal vez para, en este caso, no señalar a funcionarios más cercanos. 

El alcalde avanza una «reestructuración» pero evita confirmar número y nombre de los futuros directores generales

De lo que sí habló, aunque dio la impresión de que mucho más de lo que hubiera querido en un principio, fue de la ubicación de la estación intermodal. En su intervención, hizo una mínima alusión. Suficiente, eso sí, para que fuera el foco de las preguntas de los medios. Demasiadas dudas generaron sus palabras, y más viendo los aspavientos con los que asesores de Alcaldía parecían suplicar a Barcala que diera carpetazo al tema. El debate, sin embargo, se había abierto de par en par. No había marcha atrás. Y es que ahora, cuatro meses después de aprobarse por unanimidad el plan estructural de la OI/2, el que marca las líneas maestras del Parque Central que la ciudad lleva décadas esperando, el gobierno plantea cambios en una ubicación prevista junto a la estación de Renfe. 

Tampoco se vio cómodo al alcalde hablando de otro asunto al que aludió de pasada -como casi todos- en su intervención inicial, como fue la «reestructuración» de las áreas de gobierno. Dijo que era «prioritario» y que busca «racionalizar el trabajo» para lograr mayor «eficiencia, eficacia y transparencia». No mencionó, ni al ser preguntado, la figura que hay detrás de ese plan: el director general. Mucho se habla estos días en los pasillos del Ayuntamiento de una herramienta asentada en ciudades como València o Málaga (en el foco, solo cuando interesan), en la que pueden quedar señalados concejales y funcionarios. Ya hay incluso candidatos sobre la mesa que suenan con fuerza, entre ellos asesores con formación en Derecho urbanístico o directivos próximos al gobierno de Barcala a sueldo del sector turístico. En los despachos se apunta a que la cifra de directores generales podría elevarse hasta la decena, lo que supondría un coste que podría rondar el millón de euros. En Alicante, hay un único precedente, con Sonia Castedo en el ejecutivo. También hubo un intento fallido de Gabriel Echávarri durante el tripartito. Veremos qué estela sigue Barcala.