Ley de Libertad Educativa: expertos dudan sobre su utilidad pedagógica

La norma que dejará en manos de las familias, en lugar de en los consejos escolares, la elección de la lengua en la que quieren que estudien sus hijos y que reducirá a la mínima expresión el aprendizaje del valenciano en las zonas castellanohablantes, principalmente a partir del curso 2025-2026, sigue siendo pulida por el Consell de PP y Vox antes de su aprobación final en las Cortes, al tiempo que crecen las voces en contra de expertos en educación porque dudan de que sea positiva a nivel pedagógico para el conjunto del alumnado.

Precisamente, la reversión de la bautizada como Ley de Libertad Educativa ha sido una de las piedras angulares de la huelga en las aulas y manifestaciones convocadas este jueves por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, una agrupación en la que están representados entre otros colectivos, las asociaciones de directores de los colegios e institutos de la provincia, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (Fapa) Gonzalo Anaya (representa a mil asociaciones) y los sindicatos mayoritarios.  

Instituciones académicas de peso como la Academia Valenciana de la Lengua, la Universidad de València han sido también de las últimas en tildar la ley del Ejecutivo de Mazón de «discriminatoria», en términos similares a la Facultad de Filología Catalana de la Universidad de Alicante por ver un claro «ataque» al valenciano. 

El departamento de Filología Catalana de la UA exige la retirada de la Ley de Libertad Educativa del Consell

Frente a ello, los apoyos que ha recibido el plan de PP y Vox , al menos públicamente, se concentran en la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa), la Unión Sindical de Inspectores de Educación de la Comunidad Valenciana (USIE), el sindicato mayoritario del cuerpo, y la Confederación Valenciana de Padres y Madres (Covapa) que representa a 250.000 familias de toda la Comunidad.

Especialistas

Entre los expertos, la Asociación de Directores de Secundaria del País Valenciano (Adiespv) considera que los planteamientos de la futura norma «son un claro retroceso en cuanto al ordenamiento de la educación plurilingüe, en la medida que la Administración renuncia en la planificación de la enseñanza de las lenguas cooficiales y deja en manos de la voluntad de las familias la decisión de poder estudiar en valenciano».

Esta agrupación considera que cualquier proyecto de aprendizaje de las lenguas de nuestro sistema educativo «tiene que estar consensuado por los agentes educativos; tiene que tener continuidad en su aplicación para poder evaluarse a partir de unos indicadores de logros y de objetivos y no puede estar sometido cada curso escolar a la incertidumbre del tanto por ciento de matrícula interesada al aprender en una u otra lengua».

Y es que una de las claves de la ley es que los representantes legales del alumnado van a ser los que elegirán si sus hijos reciben más o menos clases en valenciano, una vez finalice el periodo de inscripción del alumnado en los centros escolares.

Frente a ello, los directores de Secundaria defienden que la administración educativa tiene que garantizar que todo el alumnado adquiera la competencia en las dos lenguas oficiales de la Comunidad y en la lengua extranjera.  

«El aprendizaje de y en nuestras lenguas cooficiales es un factor que favorece y propicia el aprendizaje de terceras lenguas, haciendo de nuestro alumnado estudiantes más competentes y más preparados para los retos de una sociedad multicultural», destaca la asociación.

Jordi Antoli, director de la Unidad por la Educación Multilingüe de la Universidad de Alicante (UA) muestra su preocupación por una ley que, a su juicio, no responde a objetivos pedagógicos y de la que no existen referencias en otros contextos. Lamenta que, bajo la premisa del Consell de dar libertad educativa a las familias para elegir sobre la lengua en la que quieren educar a sus hijos, se le niegue al resto de la comunidad educativa, en especial a los equipos directivos su opinión, pese a su preparación. «La ley debería de velar por el derecho de los alumnos a tener una educación de calidad», incide. El docente tacha de «tendenciosa» esta normativa y la define como una «ley de reacción que genera inseguridad y perjudica el valenciano».

Especialmente, pone el foco en la «agresión» a la lengua cooficial de la Comunidad Valenciana en las zonas castellanohablantes donde lamenta que se les «niegue el valenciano» y augura que los estudiantes de estos municipios tendrán muchas dificultades para acceder a puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana.

Por su parte, Antonio Díez Mediavilla, vicepresidente de la Asociación Española de Comprensión Lectora y catedrático de Didáctica de la Lengua de la UA afirma que esta ley tiene un «carácter puramente político y no beneficia al sistema educativo». El experto reprocha a los políticos, tanto del PSOE, como del PP que con «educación no se puede jugar» y aboga por unas normas de largo cumplimiento, por lo que apela a llegar a acuerdos para que esas leyes educativas tengan una duración suficiente como para que puedan ser evaluadas. 

Además, apunta a que la educación «tiene que estar por encima de las decisiones de los padres y que lo razonable es que se estudie el valenciano de forma igualitaria» en cualquier municipio de la provincia o de la Comunidad. 

PP y Vox cambiarán su ley educativa para elegir lengua en los exámenes de la PAU, FP y Primaria

 En esta línea, el profesor del departamento de Filología Catalana de la UA, Vicent Brotons Rico, también contradice la conveniencia de que sean los padres y madres los que decidan la lengua en la que quieren que estudien sus hijos «del mismo modo que no lo sería que las familias decidieran qué áreas se les tienen que enseñar a sus hijos, o qué contenidos de esas áreas». 

Con ello, señala a los especialistas como los responsables para decidir: a los pedagogos, psicolingüistas, expertos en didáctica del plurilingüismo, a los equipos de dirección de los centros y maestros y profesores «diseñando y aplicando metodologías sobradamente contrastadas en el mundo de la educación internacional, como son la inmersión lingüística y el tratamiento integrado de lenguas y contenidos». 

Defensores

Frente a estas posturas, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha venido defendiendo que el principal objetivo de la futura ley es «cambiar el modelo de imposición que llevó a cabo el anterior gobierno del Botànic por uno de promoción del valenciano» y la apuesta autonómica de la «libertad de elección de las familias». 

Además, ha afirmado que esta ley se tiene en cuenta a todo el mundo: «A las familias se les da la libertad de participar en la elección de la lengua base (valenciano o castellano) de los centros educativos y además se les garantiza el derecho a dirigirse a los centros y a ser informadas en su lengua de elección», destacó el titular de Educación al presentar la norma. También se ampara en que el alumnado verá «certificado de forma automática el nivel de valenciano, se le garantiza el conocimiento de las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana, además del inglés, y podrá elegir la lengua en la que desee realizar los exámenes». 

Para la Confederación Valenciana de Ampas, Covapa, la ley del Consell recoge las reivindicaciones de las familias para tener derecho a elegir la lengua vehicular en la que estudien sus hijos, y en qué lengua hacen el examen los alumnos, cuestión que piden que sea en todas las etapas educativas y no solo desde Secundaria. Para esta agrupación de familias, esta norma «no adoctrina, no impone y respeta las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, mientras la Ley del Plurilingüismo arrinconaba el castellano». 

Los inspectores de educación valoran "muy positivamente" la ley de libertad educativa de PP y Vox

La confederación valora como muy productiva la decisión autonómica porque «da los alumnos que estudian valenciano una certificación, además de tener en cuenta a los niños con necesidades especiales porque podrán ser atendidos en la lengua materna».

Desde Concapa, el colectivo que representa en Alicante a las familias de la concertada, entienden que el primer criterio pedagógico que se cumple con este cambio es que «los alumnos van a entender lo que le dice el profesor sin tener una dificultad añadida» y advierten de que «los resultados de la ley anterior estaban causando un grave problema al valenciano en sus procesos de aprendizaje, además de rechazo entre los estudiantes». En opinión de esta asociación, la normativa de PP y Vox «garantiza la inclusión educativa tanto de los alumnos inmigrantes como de los que tienen necesidades especiales y premia el esfuerzo porque asigna un reconocimiento al valenciano según se vayan superando etapas educativas».

La Unión Sindical de Inspectores de la Comunidad Valenciana, que ha declinado pronunciarse a preguntas de este diario, también se manifestó del lado de la ley de Libertad Educativa por «fomentar el valenciano sin imposiciones, respetar la libertad de elección y otorgar más seguridad jurídica a los centros».

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