Los regantes preparan planes de autogestión de los pozos del Vinalopó para evitar su sobreexplotación

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa quiere autogestionar la extracción de agua de sus pozos, con el acuerdo, el control y la supervisión de la Administración, para preservar los acuíferos de la provincia de Alicante.

Con tal fin el equipo técnico de la entidad que preside Ángel Urbina está elaborando planes de explotación para cada masa de agua amenazada por las extracciones que permita la estabilización de los acuíferos del Vinalopó, manteniendo al mismo tiempo la agricultura de regadío. Un minucioso estudio desarrollado por expertos de la Universidad de Alicante, del Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante y del Instituto Euromediterráneo del Agua que presentará en septiembre a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) con la intención de obtener el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica.

El presidente de la Junta Central de Usuarios ha vuelto a tender la mano al presidente del Organismo de Cuenca, Miguel Polo, para alcanzar un acuerdo después de que la Justicia le haya dado la razón a los regantes dejando sin efecto el cierre de los pozos, tal y como pretendía el Gobierno central, sin garantizar previamente la sustitución de los caudales extraídos del subsuelo por los aportes hídricos procedentes del trasvase del Júcar-Vinalopó.

"La entidad que presido no desea mantener ningún conflicto ni desencuentro con la Confederación del Júcar. Queremos que haya una buena sintonía porque la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó es uno de los mayores problemas medioambientales que tiene la Comunidad Valenciana y su solución requiere del esfuerzo de todas las partes implicadas", ha señalado Ángel Urbina invitando a la CHJ a realizar estudios conjuntos que fructifiquen en un plan de actuación que garantice el mantenimiento del nivel freático de las aguas que abastecen a cuatro comarcas de la provincia.

Para los regantes la clave está en sustituir un litro de agua no extraída de los pozos por un litro del agua aportada por el trasvase. Tras admitir que hay acuíferos sobreexplotados y que es necesario actuar de forma "contundente y urgente", desde la Junta Central de Usuarios se considera que la decisión de cerrar los pozos por parte de la CHJ se hizo de "buena fe buscando un buen fin" aunque desde el primer momento recibió el rechazo de los afectados por estar en frontal desacuedo con la fórmula elegida para conservar las masas de agua del Vinalopó.

Sin embargo la Confederación se mantiene firme en su decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. De hecho, han puesto el asunto en manos de la Abogacía del Estado y se apelará si existe viabilidad legal para hacerlo.

El TSJ anula que se cierren los pozos del Vinalopó sin compensar antes con agua del Júcar

Tal y como este diario adelantó el mes pasado, el TSJ ha revocado la decisión de la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar de declarar en riesgo de sobreexplotación seis acuíferos del Vinalopó, lo que implicaba el cierre de una decena de pozos sin compensar a regantes y municipios con agua del trasvase del Júcar-Vinalopó.

La medida adoptada por el organismo de cuenca dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica afectaba a los acuíferos de Villena-Beneixama, Peñarrubia y de las sierras del Reclot, Castellar, Salinas y Crevillent. A partir de 2021 debía ponerse en marcha este plan destinado a reordenar los recursos hídricos de los que depende el abastecimiento de 1.500.000 habitantes y el riego de 65.000 hectáreas de cultivos de las comarcas del Alto, Medio y Baix Vinalopó, l'Alacantí y Marina Baixa.

Pero los pozos no llegaron a cerrarse, aunque sí se redujeron de forma sustancial las extracciones de agua, porque la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa recurrió el acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Pues bien, tres años después el TSJ acaba de emitir su sentencia dando la razón a los regantes porque, entre otras razones, la orden del organismo de cuenca no contempla la proporción de sustituir 1 litro de agua extraída de los pozos por 1 litro de agua procedente del trasvase del Júcar-Vinalopó.

La CHJ recurrirá al Tribunal Supremo la sentencia que anula el cierre de los pozos del Vinalopó

Una de las razones que ha llevado al TSJ a tomar esta decisión responde a los informes técnicos aportados por la Junta Central de Usuarios, en los que "se verifica una tendencia a la estabilización del nivel de las aguas de los acuíferos durante los últimos años después de décadas de intensa sobreexplotación, sin que la declaración de riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo haya sido necesaria".

Es más la propia sentencia recoge un análisis geológico que refleja que para el conjunto de la provincia de Alicante se ha producido un descenso muy importante de sobreexplotación, centrada en el Alto y Medio Vinalopó, que ha pasado de una cifra global de 53 hectómetros cúbicos al año -según el Mapa del Agua de la Diputación Provincial de Alicante de 2007- a 28,2 hectómetros cúbicos al año. "Más concretamente, y para los acuíferos afectados por la declaración de la CHJ, se ha pasado de 42,85 hectómetros cúbicos al año en 2007 a 25,69 en 2020, acelerándose esta reducción en los últimos años. Por lo tanto, las evoluciones piezométricas resultantes validan este diagnóstico, e incluso lo mejoran teniendo en cuenta las tendencias de los últimos tres últimos años".

"Siempre defenderé un litro de agua sacado de un pozo por un litro de agua del trasvase Júcar-Vinalopó"

También alude el magistrado ponente del recurso al dictamen pericial del geólogo Miguel Ángel Rodríguez García en el que concluye que "la mayoría de las masas de agua se encuentran en recuperación, es decir, disminuye la sobreexplotación, a excepción del sistema Serral-Salinas, que se encuentra en fase de estabilización, y de la Sierras de Crevillente que se mantiene en sobreexplotación.

En su resolución los magistrados del Tribunal Superior de Justicia cuestionan incluso el trabajo realizado por la CHJ al estimar el recurso, "no tanto porque el acuerdo impugnado vaya contra el Plan Hidrológico del Júcar sino por ser innecesario y no aportar ninguna medida para mejorar las aguas subterráneas; es más, la declaración de sobreexplotación sin ninguna medida en el plazo de un año queda sin efecto y las hipotéticas medidas que puede tomar la Confederación ya vienen recogidas en el propio Plan". 

Los regantes tienden la mano a la CHJ tras la sentencia que anula el cierre de los pozos del Vinalopó

"Ni urgencia ni efectividad"

Sobre esta cuestión se insiste en los fundamentos de derecho de la sentencia en apuntar que la declaración de sobreexplotación impugnada por los regantes debió suponer que en el plazo máximo de un año, previa consulta con la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, la CHJ debería haber aprobado un programa de actuación para la recuperación del buen estado cuantitativo de los acuíferos. "Pero ni en la contestación a la demanda ni en el escrito de conclusiones de la Abogacía del Estado consta la aprobación de tal programa, ni ninguna medida complementaria adicional a las previstas en el Plan Hidrológico del Júcar. Por tanto -señalan los magistrados- ni vemos la urgencia ni la efectividad de la medida".

La finalidad del acuerdo aprobado por la CHJ en septiembre de 2020 buscaba preservar los sobreexplotados sondeos del Vinalopó, antes de que sus aguas pierdan calidad y ya no sean aptas ni para el consumo humano ni para el regadío. Todas las partes han compartido esta necesidad pero los agricultores y alcaldes de las comarcas afectadas querían tener antes garantías por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la CHJ, de que sus municipios recibirían una aportación estable de agua del trasvase del Júcar-Vinalopó en la cantidad necesaria y a un precio razonable.

La sentencia del TSJ refrenda, por tanto, los postulados de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa. Una Entidad Corporativa de Derecho Publico constituida por 41 organismo de abastecimiento entre los que figuran 23 ayuntamientos y 584 entidades de regadío, entre las que se incluyen 44 comunidades de regantes y comunidades generales. Pero su Junta de Gobierno vuelve a tender la mano a la Confederación del Júcar y en septiembre le presentará su plan de actuación.