Ni por activa ni por pasiva ni por perifrástica

«Ya saben cuál es nuestra propuesta, que no se ha movido en ningún momento. Se dijo por activa, por pasiva y por perifrástica». Así lo aseguró en su intervención el vicealcalde de Alicante y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, en el debate sobre la propuesta de los tres grupos de la izquierda municipal de crear una comisión destinada a la elaboración de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante. Él sabe, porque con su profesionalidad seguro que se lee los documentos que firma, que sus palabras son mentira. Sin ambages. Él, junto a otros dos concejales del PP durante el pasado mandato (José Ramón González, ya jubilado, y Antonio Peral, que sigue en la Corporación) suscribieron un documento —durante un tiempo estuvo incluso al acceso de todos en la página web del Ayuntamiento — donde se hablaba de restricciones al tráfico y donde se mencionaban listas blancas y negras (con más o menos restricciones a la circulación), entre otras cuestiones inequívocas. 

Luego, en su intervención en la sesión plenaria de ayer, añadió: «Los que estaban aquí [por el salón de plenos del Ayuntamiento] el pasado mandato ya saben cuál era la contestación que dábamos cuando se nos interpelaba sobre el tema». Y sí, cualquier habitual de los plenos durante el pasado mandato sabe a la perfección qué hacía el gobierno de Luis Barcala cuando se le preguntaba, principalmente el entonces portavoz de Vox, Mario Ortolá, por la Zona de Bajas Emisiones: tirar balones fuera. 

De hecho, esa falta de concreción es lo que llevó a la formación ultra, ahora «socia» del PP en el bloqueo de una herramienta que busca mejorar la calidad de vida de las personas, a preguntar una y otra vez sobre el asunto. La respuesta llegó, como dijo ayer Villar —en esta ocasión, sin faltar a la verdad— cuando se aproximaban las urnas de las municipales del 28M. Ahí, Barcala, en un vídeo publicado en sus redes sociales, sí que anunció un evidente volantazo en su hoja de ruta del Ayuntamiento en un intento de no perder votos tras una campaña de tintes populistas de los ultras (muy centrada en el comercio tradicional y en barrios vulnerables), pasando de un documento público en el que se hablaba de restricciones a asegurar que no habría ningún tipo de limitación en el tráfico.

Finalmente, y como era previsible por el reparto de asientos en el Pleno tras el 28M, la propuesta de la izquierda de impulsar una comisión para promover la ordenanza de la ZBE no salió adelante. Ese texto con el detalle de la ejecución de la herramienta obligada por Europa —que todo apunta a que no incluirá sanciones, por lo que convierte la ZBE en un ente fantasma— tiene nueva fecha límite tras dos aplazamientos por continuos incumplimientos: antes de mediados de este 2024. 

Pero no solo la polémica de la Zona de Bajas Emisiones estuvo presente en un pleno en el que, cómo no, el PP se movió para acabar hablando de Cataluña, de terroristas e incluso del gobierno de Pamplona. También hubo hueco para el proyecto de macrodepósitos en el puerto de Alicante. Y eso que el gobierno de Barcala hizo todo lo que estuvo en sus manos para silenciar un debate que, por algún motivo, le resulta incómodo. Todo empezó con una pregunta «in voce» formulada por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, quien intentó presionar al alcalde para que, a su vez, forzara al jefe del Consell y exconcejal enAlicante, Carlos Mazón, a posicionarse al respecto. No lo consiguió. Barcala pasó palabra. «Se responderá el próximo pleno», dijo mientras regresaba a su sillón como presidente del Pleno. Ésta, el posponer la contestación un mes, es una alternativa que permite el Reglamento Orgánico de Pleno (ROP) para las cuestiones formuladas fuera del orden del día. Pero no obligada. 

Que sea un asunto de ciudad podría ser motivo suficiente para que un gobierno tomara la palabra y marcar así posición ante una polémica que surgió en 2018 y que se ha reactivado este enero tras desvelar este diario un informe no vinculante de la Abogacía de la Generalitat que da alas a la promotora, al admitir que la primera fase (seis depósitos, con un volumen total de 112.500 metros cúbicos de combustible) no requiere declaración de impacto ambiental (pese a lo sostenido, hasta llegar a los tribunales, por el Ayuntamiento de Alicante). Tampoco ha ayudado, en esto de reavivar la polémica, que este diario revelara que la empresa ha empezado los trámites en la Concejalía de Urbanismo para solicitar licencia para la segunda fase (con doce macrodepósitos y un total de 600.000 metros cúbicos).

El ejecutivo de Barcala ni contestó a la pregunta formulada por el PSOE ni tampoco fomentó el debate —otra cosa hubiera sido si en el expositivo se hubiera mencionado a Bildu, Puigdemont o la Ley de la Amnistía— propuesto por Compromís para que el Ayuntamiento de Alicante reafirmara su rechazo (ya firmado por todos los grupos el pasado mandato) e intentara sumar a la causa también a la Generalitat e incluso a la Autoridad Portuaria. 

Del Consell, por ahora, solo se sabe lo que dijo Mazón la pasada semana a preguntas de este diario tras un acto celebrado en Alicante. En esa respuesta habló de lugares comunes (respetar la legalidad), pero no mostró tajantemente su rechazo a la iniciativa. Se limitó a asegurar que el proyecto, en el caso de ejecutarse, debe «compatibilizar la seguridad de todos y la actividad económica necesaria para el puerto». Y nada más.

Esa indefinición de Mazón, a la que se suma el silencio de Barcala en el Pleno de Alicante (que es donde siempre alegan que se deben tratar los asuntos capitales) no hace más que generar incertidumbre. Y, además, recuerda a esa actitud inicial del gobierno con la Zona de Bajas Emisiones, cuando no se posicionaba, cuando se limitaba a ganar tiempo. Luego, eso sí, alardearán de que ya lo habían dicho por «activa, pasiva y perifrástica». En la sala noble, ni lo hicieron con la ZBE ni han querido hacerlo ahora con los macrodepósitos. 

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