El sector del taxi carga contra el Ayuntamiento de Elche por legalizar el "intrusismo" con los VTC

La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana ha cargado con dureza contra el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Elche, José Claudio Guilabert, tras el anuncio hecho esta semana para que los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), y el edil citó a dos empresas del sector, como son Cabify y Uber, puedan operar no solo en el aeropuerto sino en el casco urbano, medida que el responsable municipal justificó por la falta de taxis para cubrir los servicios y las quejas de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE).

La confederación asegura que el concejal quiere legalizar el "intrusismo en el transporte urbano" con esta medida. Y añade que Guilabert, "afirmaba dar cobertura jurídica y garantías a las multinacionales, afirmando que tiene un principio de acuerdo con ellos para prestar servicio con VTC en el casco urbano", se dice en un comunicado. "A nadie se le escapa que estas multinacionales son jodidamente ilegales (Uber FIles) y 'jodidamente poderosas', lo que ya nos puede hacer sospechar que debajo de este movimiento podría existir otro caso de corrupción, iniciado desde la ignorancia de un concejal novato o desde otro caso director de ruindad de un personaje público elegido por los ciudadanos para administrar los recursos".

"Socios del gobierno"

La Confederación trata a las VTC como "los socios" del gobierno municipal de Elche y añade que "lo más lógico sería estudiar cuáles son las deficiencias del transporte público colectivo en Elche y su área metropolitana, incluido el aeropuerto, y ver cómo mejorar el servicio complementario que presta el servicio del taxi". En este sentido, añadir que se han mantenido varias reuniones los últimos meses. Esta semana el edil Guilabert aseguró que están esperando la propuesta de las dos asociaciones del sector del taxi para saber cómo implementar la posibilidad de poner en marcha licencias temporales para cubrir las deficiencias en la temporada alta de demanda.

Se da la circunstancia que en la comparecencia del edil, en la que anunció el principio de acuerdo con las VTC, se asegura que los taxis estaban de acuerdo con que pudieran trabajar en Elche. Palabras que minutos después corroboró el concejal Samuel Ruiz, quien asistió a la misma reunión. La nota sigue cargando improperios contra el edil del PP, pero también contra las empresas VTC, "parece que haya interés en castigar o sacrificar precisamente a las familias que viven del taxi, que son los que están siempre dando la cara, cuando otros transportes no están, dedicando su vida a prestar un servicio público esencial con profesionalidad y vocación y no piensas solo en engrosar los balances económicos de una multinacional que ni siquier tributa en nuestro país".

"Intereses ocultos"

La Confederación añade que "al sector del taxi solo le puede convencer de que no existen intereses ocultos si se sientan con ellos para encontrar soluciones a las deficiencias en el transporte, como aliados para dar un servicio público al ciudadano y no aliándose con presuntos delincuentes que basan su negocio en saltarse las normas". Se da la circunstancia de que varios taxistas en Elche tienen abiertos expedientes por parte del Ayuntamiento por trabajar en el aeropuerto (que tiene también un déficit de este servicio) en jornadas en las cuales tenían atribuida la bajada de bandera en el casco urbano y las pedanías. Añaden que la Confederación logró una sentencia del Supremo que obligó a imponer una sanción a Cabify por "intermediar sin autorización en la comunidad valenciana". En Elche, la Policía Local también ha interpuesto varias denuncias a VTC por este motivo.

"Chiringuito"

"Y de Uber -dice la nota- solo hay que ver cómo intentó intermediar en España en 2014 con vehículos particulares sin autorizaciones de transportes, saltándose todas las normas de seguridad y fiscalidad y tuvo que ser el tribunal europeo el que les cerrara el chiringuito", añade la Confederación, que asegura que "puede demostrar" que hay "cientos de VTC trabajando para estas plataformas sin autorización en la Comunidad Valenciana, no hay más que ver que hay decenas de ellas de otras comunidades, saltándose la ley nacional de transportes o la precontratación de 15 minutos que marca el decreto ley 4/2019 de la Comunidad Valenciana".

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