El Síndic reclama a Orihuela atajar los espacios de publicidad ilegal en la Costa

El Síndic de Greuges recomienda al Ayuntamiento de Orihuela poner orden en la proliferación de postes publicitarios luminosos en la Urbanización La Regia, en las proximidades de la N-332, que «producen molestias a los vecinos y daño ambiental al paraje natural de Aguamarina y Punta La Glea». En concreto, recomienda a la administración local que inspeccione la zona con el fin de «comprobar si disponen de autorización» e inicie «el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística y el expediente sancionador que corresponda». El escrito añade que «tampoco tenemos conocimiento de la existencia de licencia para la instalación de estos postes».

En este sentido, recuerda que la propia ordenanza municipal impone este requisito previo en la instalación de elementos publicitarios, así como el pago de las tasas correspondientes. La misma regulación dispone que el Ayuntamiento «podrá exigir la adopción de las medidas pertinentes en defensa del interés público», por lo que le solicita que revise la adecuación de las luminarias para corregir su posible afectación a las viviendas próximas y el paraje natural. Esta resolución es consecuencia de una queja que los vecinos presentaron en mayo del año pasado y viene motivada «por la inactividad del Ayuntamiento» y su «falta de respuesta» tanto a ellos como al organismo dirigido por Ángel Luna González, que en todo el proceso realizó cinco requerimientos y solo se contestó a uno, con un informe en el que se manifestaba: «No constan denuncias presentadas», pero sí «un expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida por la instalación de un monoposte publicitario, incoado de oficio por la denuncia de los Inspectores de la Brigada de Disciplina Urbanística y en fase de tramitación».

Ese expediente, al que ha tenido acceso este diario, data de septiembre de 2020 y señala que el 30 de junio de ese mismo año los inspectores levantaron acta por «una obra finalizada sin la preceptiva licencia urbanística». En julio el arquitecto técnico municipal determina que «incumple con la altura reguladora y la distancia de retranqueo», sin posible subsanación de la obra y que constituye una infracción grave. «Dada la manifiesta ilegalidad» se otorga el plazo de un mes para que las mercantiles Exterioriza, en calidad de promotor, y Zebulón, como propietaria del suelo, presenten alegaciones. Pasado ese tiempo, «se acordará la medida de restauración que corresponda, a costa del interesado». Más de un año después, la última referencia pública por parte del concejal de Urbanismo, José Aix, fue en el pleno del pasado noviembre, cuando Javier Gracia, edil de Cambiemos, preguntó por este asunto: «El expediente caducó y se ordenará su reapertura».

Vecinos de la costa denuncian que toda la zona está plagada de carteles publicitarios que plantean múltiples problemas por no respetar distancias ni alturas. Pero ninguno tan flagrante, insisten, como los de la urbanización La Regia, la más afectada, donde su instalación se produjo en la madrugada de la noche de San Juan de 2020. Pese al expediente abierto por irregularidades, seis meses después, también en festivo, colocaron otro a 50 metros. Para hacerse una idea, cuentan que a menos de tres metros de las viviendas hay un monoposte de más de siete pisos de alto -en esa zona las construcciones no pueden superar cuatro alturas-, con seis focos y un cartel de un tamaño similar a una pista de baloncesto. Recalcan que producen contaminación lumínica y un impacto medioambiental sobre dos cercanas Zonas de Especial Protección para las Aves, que están viendo reducida la presencia habitual de rapaces, como el gavilán, y alterada la ruta migratoria de los flamencos.

El Síndic recuerda que la ordenanza municipal determina que «las instalaciones publicitarias deberán ser respetuosas con el entorno ambiental, las condiciones estéticas, la tipología arquitectónica y las características de la zona». De momento, el Consistorio tampoco ha respondido a esta resolución, pese haberse cumplido el plazo de un mes. «El Ayuntamiento está llevando a cabo una estrategia de agotamiento», concluyen los residentes, que no desisten en su empeño.

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