Suscríbete

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El TSJ requiere al Ayuntamiento el expediente urbanístico de más de 2.000 viviendas en Cala Mosca

José Aix pide a la sala de lo contencioso administrativo ampliar el plazo dado "el volumen" de la documentación - La solicitud se produce a raíz de un recurso de Cambiemos, que en su pacto con el PSOE exige la paralización del proyecto en el último kilómetro de costa sin urbanizar

Sector del litoral oriolano donde está prevista la construcción de más de 2.000 viviendas TONY SEVILLA

José Aix, como delegado de Urbanismo y Territorio del Ayuntamiento de Orihuela, ha remitido un escrito a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana después de que el alto tribunal le enviara un oficio el pasado día 14 requiriéndole documentación a raíz del recurso interpuesto por Cambiemos contra la aprobación definitiva de la modificación puntual del plan parcial en el sector D-1 "Alameda del mar", más conocido como Cala Mosca, donde está prevista la construcción de más de 2.000 viviendas en el último kilómetro de la costa oriolana aún sin urbanizar que alberga especies protegidas. Un enclave único en la comarca, atravesado por un conector ecológico -la Cañada Real de la Costa- y situado junto al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Cabo Roig.

Así, el también vicealcalde solicita "una ampliación del plazo para la remisión del expediente administrativo y emplazamiento a interesados". En su exposición, el edil sostiene que "es imposible atender dicho requerimiento en el plazo indicado, dado el volumen del expediente administrativo". Según fuentes consultadas por este periódico, el TSJ le habría dado al Ayuntamiento un plazo de 10 días para contestar.

Cambiemos ha declinado hacer declaraciones por el momento. Hay que recordar que en el acuerdo de investidura que la formación pactó con el PSOE para apoyar la moción y hacer a Carolina Gracia alcaldesa se incluye "poner en marcha todas las posibles acciones legales, de intermediación y negociación para la paralización del proyecto, siempre que ello no implique responsabilidades patrimoniales inasumibles para el Ayuntamiento". Además, se insiste en promover su protección por medio del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja, el proyecto de carácter supramunicipal con el que el Consell pretende poner orden en el desarrollo urbanístico de la comarca.

En el mismo acuerdo, ambas formaciones hablan de "un cambio de modelo urbanístico" y un "reequilibrio de adjudicación de licencias de obra en todo el municipio, priorizando casco y pedanías", así como la "revisión de planes urbanísticos en ejecución en Orihuela Costa". En suma, buscar "alternativas jurídica y económicamente viables para evitar la saturación del litoral oriolano y avanzar hacia un modelo urbanístico sostenible e inclusivo".

Esta misma semana, tras una reunión con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante, Aix anunció que en apenas un mes y medio ha desbloqueado 574 licencias urbanísticas, en su mayoría correspondientes a solicitudes de constructoras de vivienda turística en el litoral, algunas de ellas paralizadas desde 2019. Incluso, el sector achacaba la "agilidad, fluidez y transparencia" al cambio de gobierno, acabando con un atasco histórico.

Cambiemos ha abanderado en los últimos años la lucha contra la construcción de Cala Mosca, en consonancia con el criterio del Ministerio de Transportes. El Gobierno central ha remitido varios requerimientos al Ayuntamiento para que anulara el acuerdo plenario del pasado 2 de septiembre por entender que es "nulo de pleno derecho" al ignorar el informe desfavorable de Carreteras, que era "preceptivo y vinculante".

Finalmente, interpuso un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de la Comunidad Valenciana. Sin entrar en el fondo del asunto, el alto tribunal rechazó la paralización cautelar del plan urbanístico solicitada por el Gobierno, por afectar a la seguridad vial, aumentar la congestión de la N-332 y repercutir en la salud con una merma de la calidad acústica. De momento, se está a la espera de que se dicte sentencia.

El asunto también llegó a la Fiscalía, que al final decretó el archivo de las diligencias de investigación penal iniciadas en 2021 al "no quedar acreditado que los hechos investigados sean constitutivos de infracción penal". Esta decisión, según el propio escrito, se basaba en que "no se han identificado incumplimientos en esta fase previa a la ejecución de las obras, habiéndose realizado diversos estudios asociados al posible impacto sobre las especies protegidas", y avalaba que el agente urbanizador ha respetado la normativa medioambiental en sus actuaciones.

El promotor, por su parte, calificó estas últimas resoluciones como un espaldarazo a su gestión, insistiendo en que dedicará 60.000 metros cuadrados (un 13,6% de la superficie) a una microrreserva de flora. En concreto, para la protección de la jarilla cabeza de gato, una planta amenazada y endémica del sureste peninsular. En la zona también está presente el caracol Tudorella Mauretanica, también una especie vulnerable. Según la constructora, "se preservará su hábitat con una inversión importante".

Mientras, ha crecido el rechazo social. Muestra de ello es la constitución de la asociación Salvemos Cala Mosca, que ha convocado varias movilizaciones y está recogiendo firmas contra el proyecto. A su vez, asociaciones de vecinos y de ecologistas han presentado recursos, al mismo tiempo que han solicitado a la Generalitat que, a través del PAT, se desclasifique el sector y se integre en la infraestructura verde, planteando, en su caso, mecanismos de compensación como la indemnización económica o la transferencia de edificabilidad.

La versión inicial del PAT, que aún está en tramitación, incluye a Cala Mosca de la misma forma que lo hizo el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), que tampoco optó por desclasificar el suelo para evitar su urbanización. Ahora bien, estableció que el promotor deberá finalizar las obras en el plazo de cinco años, a contar desde su entrada en vigor (el 11 de marzo de 2018). Si no construye antes del primer trimestre de 2023, el sector quedará integrado en la infraestructura verde. Sobre la mesa está la advertencia del agente urbanizador de que pediría 213 millones de euros por lucro cesante si se desclasifica el suelo.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats