La España seca y la España húmeda

Para entender lo que supone hoy el trasvase Tajo-Segura para nuestras tierras resulta indispensable analizar los antecedentes de la política hidráulica nacional, así como la evolución de las distintas tendencias en materia de desarrollo agrario en nuestro país.

Después de la Revolución de 1868, el Estado retomó un papel intervencionista en la realización de las obras de riego. Sin embargo, el intento de la Ley de grandes regadíos de 1883, la conocida como Ley Gamazo, y a pesar de su política fuertemente subvencionista, fracasó en su intento de «colonización interior», basada en la transformación de secanos en regadíos.

Tras la pérdida de las colonias en 1898 fue tomando fuerza la tesis regeneracionista, que se fundamentaba en la aplicación de una política agrícola global, y para la que cobraba especial relevancia la superación de los déficits hídricos existentes en gran parte de la nación. Para ello el Estado debería regular la utilización del recurso mediante concesiones, asumiendo a su vez la realización de las grandes obras hidráulicas necesarias.

Su plasmación en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1902, junto con la Ley Gasset de 1911 sobre construcción de este tipo de obras para regadíos, y aun disponiendo de subvenciones del 90%, no despertaron el interés de los propietarios, llegándose a transformar tan solo unas 200.000 hectáreas en regadíos.

Después de la etapa de Primo de Rivera, en la que se crean las Confederaciones Sindicales Hidrográficas con objeto de racionalizar los usos de las grandes cuencas españolas, siendo la primera de ellas en formarse la del Ebro, en 1926 y bajo el mando de Manuel Lorenzo Pardo, se materializa en 1932 la «Ley de Reforma Agraria de Prieto» y, en 1933, el nuevo «Plan Nacional de Obras Hidráulicas», elaborado por Lorenzo Pardo siendo Director del Centro de Estudios Hidrográficos y por mandato por el aquel entonces Ministro de Obras Públicas de la República Indalecio Prieto.

La primera tenía por objetivo transformar la estructura de la propiedad, favoreciendo el cultivo intensivo familiar para lograr la ansiada «colonización integral».

Por su parte, los estudios del Plan de Lorenzo Pardo constataron la existencia de una España seca y otra húmeda, confirmando a su vez un balance hídrico positivo. Este hecho permitiría sumar a las 1.450.000 hectáreas de regadío existentes por aquel entonces, 1.280.000 hectáreas de nueva transformación en 20 años. Para ello preveía la necesidad de priorizar las inversiones en las zonas potencialmente más productivas y con tradición demostrada en regadíos, como eran las del Levante español.

En aquellos tiempos, en nuestra siempre negativa balanza comercial tomaba un peso considerable la importación de mercancías agropecuarias. Así, en el decenio 1922-1932, éstas se estimaban en 1.232 millones de pesetas, cifra semejante a la correspondiente a la importación de minerales, maquinaria y materias químicas. Era necesario por tanto potenciar, y sin dilación, el sector agrícola, de forma que la rápida transformación en riego en el sureste diera prontamente sus frutos, ayudando muy significativamente a la reducción del déficit comercial e, incluso, a obtener un saldo exportador positivo.

Para ello era necesario dotar a estas tierras del recurso hídrico necesario, planteándose como solución viable la derivación de aguas del Tajo hacia el Levante peninsular. Así, Lorenzo Pardo estimaba la necesidad prioritaria de transformar en las provincias levantinas un total de 273.500 hectáreas, siendo este el germen de lo que hoy es el trasvase Tajo-Segura. Lo que ocurrió a partir de ese momento es ya otra historia.