Nueve municipios de la Vega Baja siguen la vía del Consell en sus recursos del Tajo
Orihuela, Guardamar, Dolores, San Fulgencio, Benferri, Rafal, Montesinos, Algorfa y San Miguel de Salinas presentan la misma apelación y Elche se desmarca con una propia - El PP lo califica de «paripé» y lo achaca al «interés político»
Ximo Puig durante una visita a la Vega Baja. / TONY SEVILLA
Diez municipios alicantinos han presentado sus propios recursos ante el Tribunal Supremo, al igual que hizo el Consell, contra aquellos aspectos que consideran lesivos del Real Decreto del Gobierno que regula las nuevas disposiciones del trasvase Tajo-Segura.
Las nueve localidades que han apelado en casación siguiendo el modelo tipo del Consell son Orihuela, Guardamar del Segura, Dolores, San Fulgencio, Benferri, Rafal y San Miguel de Salinas, Algorfa y Montesinos, las más perjudicadas por el recorte de los caudales del Tajo-Segura como consecuencia del incremento del caudal ecológico. Sin embargo Elche ha presentado un recurso diferenciado, que ha sido elaborado por sus servicios jurídicos municipales.
El pasado martes se cerró el plazo para registrar las alegaciones y, según se indica desde la Abogacía de la Generalitat Valenciana, los alegatos de los nueve municipios de la Vega Baja serán acumulados por el alto tribunal al abordar el mismo asunto y solicitar las mismas medidas. Así lo ha indicado también a este diario el secretario general del Partido Socialista en la Vega Baja. «En este asunto todos vamos a una», ha subrayado Joaquín Hernández. Los nueve ayuntamientos -todos gobernados por el PSOE- han seguido una línea argumental concomitante con la presentada por la Abogacía de la Generalitat, de tal manera que sus reclamaciones jurídicas se acumularán a las que ya formalizó el pasado 22 de marzo el Gobierno valenciano, y se sumarán a la causa abierta en defensa del mantenimiento del acueducto Tajo-Segura.
En todos los procedimientos se solicita al Supremo que dictamine la suspensión cautelar de los caudales ecológicos prevista a partir de 2026. Entre otros motivos por considerarse que el incremento previsto está basado en un decisión arbitraria y política carente de fundamentos técnicos.
Como se recordará, la Generalitat Valenciana ha centrado su recurso en la necesidad de establecer un mecanismo corrector de los caudales ecológicos y en la suspensión cautelar del plan del Tajo.
"Pantomima y paripé"
La reacción del Partido Popular no se ha hecho esperar. La secretaria general del PP en la provincia de Alicante, Ana Serna, ha lamentado que «municipios afectados por el recorte del trasvase Tajo-Segura gobernados por el PSOE se unan al recurso del Gobierno valenciano, que es perjudicial para ellos y para Alicante y además condena al sur de la provincia a ser un secarral».
La Diputación también interpuso el pasado 4 de abril un contencioso-administrativo contra el Real Decreto del Gobierno. Por eso Serna ha criticado que prime «el interés político» al sumarse los nueve municipios a un recurso del Consell «que permite seguir recortando el agua, que deja 84,9 millones de euros anuales en pérdidas y que destruye miles de puestos de trabajo».
Para Serna es muy grave que alcaldes de la Vega Baja y del Baix Vinalopó «se sumen a este paripé de Ximo Puig sabiendo y conociendo la problemática que tienen los regantes de sus municipios por la falta de agua y ante la ausencia de criterios técnicos que avalen el recorte». Desde el PP se insiste en denunciar que la Generalitat está renunciando a 28 hectómetros cúbicos anuales de agua para la Vega Baja.
«Sin embargo los municipios del PSOE lo suscriben y apoyan el paripé de Puig sumándose a un recurso paralelo. Eso no es defender los intereses de los agricultores, es crear una pantomima por mero interés político y no por defender la provincia», ha enfatizado la dirigente popular.
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