Un contrato de 4,4 millones para implantar una zona de bajas emisiones fantasma de Alicante

Un contrato de 4,4 millones de euros, según el presupuesto de adjudicación, para poner en marcha todo lo necesario para la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad de Alicante. El Ayuntamiento formalizó hace un año este contrato con una empresa radicada en San Sebastián de los Reyes (Madrid) especializada en el desarrollo e implantación de sistemas inteligentes de transporte, mejora en el control y gestión del tráfico. Por entonces, el alcalde, Luis Barcala, ya empezaba a renegar de las restricciones en el tráfico. Era precampaña. La licitación del millonario contrato se impulsó seis meses antes, a mediados de 2022, aproximadamente un año después de que el gobierno municipal enviase a Europa la hoja de ruta de la ZBE, donde se hablaba abiertamente de limitaciones en el tráfico, con listas negras y blancas según la etiqueta medioambiental del vehículo.

Ahora, la empresa adjudicataria está ejecutando un contrato cuya finalidad ha quedado muy en cuestión tras el acuerdo presupuestario de PP y Vox que incluye el compromiso del gobierno de Barcala de renunciar a cualquier tipo de restricción en la circulación y, en consecuencia, de sancionar a los conductores. Recientemente, ante el retraso en la implantación de una herramienta —con o sin multas— a la que obliga Europa, la Junta de Gobierno aprobó ampliar el plazo de ejecución del contrato seis meses más.

¿Pero para qué va a gastar el Ayuntamiento 4,4 millones de euros? El contrato persigue el suministro e instalación del sistema de captación de lecturas de matrículas (reconociendo números y letras en condiciones desfavorables y a velocidades de hasta 200 kilómetros por hora), incluyendo red de comunicaciones, acometidas eléctricas y obra civil asociada y una nueva red de comunicaciones y adaptación de la existente. Los equipos a instalar, en cada acceso, dependerán de las condiciones físicas de cada intersección o ubicación de control y de los báculos disponibles, número de carriles a controlar y la infraestructura de comunicación existente. El acceso al anillo de la Gran Vía (el exterior de los dos previstos) se prevé que cuenta con 51 puntos, mientras que el anillo del Centro Tradicional (interior) dispondría de 24 puntos.

También el contrato incluye el suministro e instalación del sistema de monitorización medioambiental, que contará con equipos de sensorización (NO2, O3, PM2,5, PM10, SO2, CO, temperatura, presión, humedad relativa) y al menos cuatro estaciones de nivel dos y no menos de ocho nanosensores con ubicación.Además, se debe instalar señalización vertical («para advertir a los conductores de las limitaciones próximas que puedan tener y de esta forma buscar itinerarios o recorridos alternativos») y horizontal del área restringida («con logos en cada carril de entrada, en el centro de uno, mediante rectángulos con la información de que se accede a una zona de tráfico restringido»), incluyendo información mediante diez paneles de mensaje variable. También se incluye un plan de comunicación con una inversión de 100.000 euros y la puesta en marcha de un espacio en el Observatorio de Medio Ambiente como Oficina de Información al Usuario de la ZBE. Esta oficina tendría que disponer de al menos dos técnicos de organización, en atención al cliente y comunicación, en horario de 9 a 13 y de 16 a 20 horas de lunes a viernes.

El contrato en ejecución prevé, por otra parte, la realización de dos estudios sobre «cuánto, dónde y cómo está afectando el tráfico a la calidad del aire de la ciudad». Uno de ellos se debería realizar con los datos previos a la implantación de la ZBE, y —según recoge el pliego de condiciones— «una vez implantadas las medidas de mejora», que no se prevén por ahora, se llevaría a cabo un segundo estudio «para comprobar la efectividad de las medidas tomadas y poder implementar nuevas medidas si fuera necesario».

Así se describe la ZBE: «Restringe progresivamente...»

Según el pliego de condiciones del contrato impulsado por el gobierno de Barcala, «una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es un área delimitada por una administración pública que, en ejercicio de sus competencias, restringe progresivamente el acceso, la circulación y el estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero». Sin embargo, el ejecutivo local de Alicante ya ha anunciado, tras el pacto con Vox, una ZBE sin restricciones ni, por tanto, multas.