El Ayuntamiento tendrá que pagar más de 4 millones por una expropiación en Torrellano que recurrió ante el TSJ

 Un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que le va a costar a las arcas municipales 4 millones de euros, a lo que habrá que sumar los intereses. Todo después de que la Sala de lo Contencioso haya dictado una sentencia en la que entiende que el Ayuntamiento de Elche debe pagar 4 millones de euros por la expropiación de 2.950 metros cuadrados en Torrellano, sobre suelo urbanizado sin edificar, después de que los propietarios solicitaran la restitución de la posesión o, de lo contrario, la expropiación bajo el argumento de que se estaba ocupando de forma indebida como viario público sin título de adquisición alguno. 

El pago de esos 4 millones de euros se suman a los 404.237,63 euros que también tendrá que abonar la Administración local a la urbanizadora del sector de l’Aljub casi dos décadas después. Prácticamente 4,5 millones de euros de momento -si es que no sale ninguna sentencia más- que, a priori, tendrá que abonar el Ejecutivo local, aunque la intención es hacerlo con cargo al remanente de tesorería una vez esté la liquidación del presupuesto de 2023.

Desde el año 2012

Fue a finales de 2012 -con el Ejecutivo local del PP y de Mercedes Alonso- cuando los propietarios de la finca en cuestión reclamaron la restitución de la posesión o, en su caso, la expropiación. Consideraban que la parcela en cuestión tenía en torno a 4.827 metros cuadrados. Sin embargo, nueve meses después, el entonces teniente de alcalde de Ordenación Urbana, Infraestructuras y Asesoría Jurídica, Vicente Granero, desestimó la reclamación, que era el paso previo al ejercicio de acciones civiles.

Juzgado

Así las cosas, el caso llegó al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, que, en una sentencia de marzo de 2017, desestimaba el recurso presentado por los dueños de la finca y declaraba ajustada a derecho la resolución de septiembre de 2013. Los propietarios, por tanto, recurrieron en el TSJ, que estimó en 2018 la demanda, aunque parcialmente. Tenían derecho a la restitución de la propiedad o, en su defecto, a la expropiación, pero de 2.950 metros cuadrados, y no de 4.827, que es a lo que aspiraban, porque había una parte que se consideraba que no se estaba utilizando como viario público. El equipo de gobierno, ya en ese momento formado por el PSOE, Compromís y el Partido de Elche, tomó la decisión de interponer un recurso de casación, pero no prosperó. La conclusión era clara: debía iniciarse pieza de justiprecio por esos casi 3.000 metros cuadrados de la finca.

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Ya en junio de 2020 los interesados presentaron hoja de aprecio ante el Consistorio valorando la finca en 5,3 millones de euros. Sin embargo, a principios de 2021, un informe de la arquitecta municipal situaba el valor en 910.251 euros -casi 4,4 millones de diferencia-, por lo que expediente acabó en el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en mayo de ese mismo año.

Ni una cosa ni la otra

Sin embargo, cuando llegó el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en octubre de 2021, ni una cosa ni la otra. El importe se fijaba en 1,4 millones. Una diferencia que estribaba, fundamentalmente, en si se contemplaban gastos de urbanización o en las discrepancias en torno a la edificabilidad, por ejemplo. Ninguna de las dos partes quedó contenta. Ambas, pues, recurrieron de nuevo. Hasta el punto de que el propio portavoz de la junta de gobierno, Héctor Díez, anunciaba en enero de 2022 la intención del bipartito de PSOE y Compromís de recurrir, bajo el argumento de «defender los intereses municipales».

Con cargo a 2023

Tras este largo proceso, el TSJ ha acabado ahora situando el importe que debe abonar el Ayuntamiento por esta expropiación rogada, y el Ejecutivo local de Pablo Ruz ha optado, finalmente, por no seguir en esta espiral de recursos. 

La intención, de hecho, es que tanto estos 4 millones de euros por la finca de Torrellano, a los que hay que sumar los intereses legales, como los 404.237,63 euros, más los intereses legales desde 2006, a Cecosa Hipermercados (la mercantil que absorbió a Erosmer Ibérica), después de que el TSJ haya reconocido su derecho a percibir una indemnización por las obras ejecutadas para la urbanización del plan parcial y programa del sector urbanístico E-7, el del polígono de l’Aljub, que data de 1997, salgan del remanente de tesorería. 

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Lo que quedó sin gastar

Dicho de otro modo: que estas indemnizaciones se abonarán con cargo a lo que quedó sin gastar del presupuesto de 2023. Una cantidad total que está a expensas de la liquidación de las cuentas municipales del ejercicio pasado. Una liquidación que, por otra parte, debería haber estado precisamente en este mes de marzo, aunque, a falta de las cifras definitivas, en ciertos círculos municipales se calcula que el pago de sentencias podría acabar comiéndose en torno a un 20% del remanente.

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Críticas

Una foto finish de las cuentas de 2023 que, según dijo el alcalde esta misma semana, tras el tirón de orejas del PSOE, podría estar en días, pero sin que, por ahora, nadie concrete más. Otra cosa es que, desde el PP, socio mayoritario del bipartito, sí aprovechan para cargar contra los socialistas. «Una vez más, como ya pasara en el mandato 2011 a 2015 con el pago de los terrenos de la Universidad, es un gobierno del PP, en este caso con Vox, el que tiene que afrontar pagos de sentencias urbanísticas que tienen su causa en actuaciones del Ayuntamiento de Elche en etapas en que gobernaba el Partido Socialista. Esto sí es herencia recibida, esto sí es gobernar a mesa puesta», sostienen. 

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Fondos

No se quedan ahí y añaden que «el Ayuntamiento de Elche, y por ende los ilicitanos, estamos obligados a afrontar un pago de casi 5 millones de euros que van a lastrar el remanente municipal, a lo que hay que sumar el desastre socialista en la gestión de los fondos europeos, que nos van a costar 15 millones de euros a todos los ilicitanos».

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