Jueces alertan de que los juzgados civiles están al borde del colapso y urgen un plan de choque

Presidentes de audiencias provinciales de toda España urgieron este viernes en València a poner en marcha un plan de choque ante la situación de colapso en la que se encuentra la jurisdicción civil, según el documento de conclusiones de estas XXII Jornadas que se ha hecho público tras la reunión. Estos magistrados, entre los que se encuentran el presidente de la Audiencia de Alicante Juan Carlos Cerón, alertan de que toda esta jurisdicción atraviesa graves problemas estructurales que urgen a una solución urgente, ante una bolsa acumulada de demandas que se va amontonando año tras año y a la que los juzgados no pueden hacer frente debido a la endémica falta de medios. La clausura de este congreso ha contado con la presencia tanto del ministro de Justicia, Félix Bolaños, como de su homóloga en la Comunidad Valenciana, Elisa Núñez, así como la presidenta del Tribunal de Superior de Justicia de la Comunidad, Pilar de la Oliva.

En Alicante, el volumen de entrada de asuntos se ha incrementado en un 20 por ciento desde 2015 y el volumen de entrada de asuntos está hasta un 237 por ciento por encima de los límites que marca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de entrada de asuntos por juzgado. La provincia de Alicante se encuentra a la cabeza en demandas a bancos por cláusulas suelo. Los presidentes de las audiencias no olvidaron tampoco la carga de trabajo de esos juzgados y reclamaron que antes de que se admitan estas demandas habilitar un trámite obligatorio para que las partes puedan negociar un acuerdo.

Juzgados de malos tratos

Los presidentes de las audiencias han analizado el plan para comarcalizar los juzgados de Violencia sobre la Mujer de España, una medida que se ha valorado positivamente aunque se considera que deben ser dotados de los medios personales y materiales necesarios atendiendo a la carga de trabajo. «En todo caso, deberá tenerse en cuenta para su ubicación las distancias entre los partidos judiciales afectados», señala el documento de conclusiones. En el caso de Alicante, la falta de juzgados de lo Penal impide poner en marcha el plan para tener órganos especializados en esta materia, mientras que la comarcalización generó conflictos al desviar a Elche a las mujeres víctimas de malos tratos de Novelda.

Los juzgados especializados para enjuiciar los malos tratos de la provincia de Alicante, en el limbo

En los juzgados de malos tratos, otro de los puntos que está generando problemas es el de la colocación de las pulseras de control a maltratadores, donde la falta de técnicos está ocasionando esperas en los juzgados cada vez que tiene que acordarse esta medida, entre ellos en la provincia de Alicante donde se han llegado a generar esperas de horas, a fin de evitar que el detenido salga en libertad sin que se haya adoptado ninguna medida de control.  

Los números no salen porque para este año el Ministerio de Justicia tiene prevista la creación de setenta nuevos juzgados en España, siete de ellos en la Comunidad Valenciana y lo que supondría tan sólo dos en la provincia de Alicante. Unas cifras que para la judicatura son insuficientes, ya que el TSJ pidió hasta 25 nuevos órganos judiciales para la provincia en su última memoria.

Los propios jueces se encargaron de recordar que el adecuado funcionamiento de la Justicia «precisa de la urgente renovación del CGPJ superando de una vez por todas la situación de bloqueo».  En esta misma línea, Bolaños, recordaba que este domingo «hará 2.000 días que el CGPJ está caducado», e insistió en que considera «urgente» su renovación para que regrese la normalidad institucional.

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Medidas exprés contra los okupas

La problemática con las ocupaciones ilegales de vivienda ha sido abordada en este congreso con el objetivo de buscar medidas que agilicen la respuesta judicial ante un delito que está causando una gran alarma social. En este sentido, los magistrados han recordado que en la vía penal existe la posibilidad de acordar los desalojos exprés en 24 horas una vez que se recibe una denuncia de este tipo. También se ha valorado la posibilidad de tramitarlas como un delito leve y que se incluyan dentro del protocolo para juicios rápidos, por los que podría haber sentencia en menos de dos semanas. Para todos estos supuestos consideran que debería definir con mayor exactitud los conceptos generales de vivienda habitual y gran tenedor. Los jueces también han abogado por impulsar protocolos con los Servicios Sociales a fin de articular medidas en el que caso de que entre las personas a desalojar haya personas en situación de vulnerabilidad.

El congreso ha analizado también la situación de los juicios con jurado, reclamando que se excluya de las competencias de esos tribunales populares delitos como las amenazas, los allanamientos de morada y la omisión del deber de socorro.

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