El fracaso del plan Rabasa se lleva por delante una inversión de 40 millones

Otros 40 millones de euros invertidos para nada. La Conselleria de Agricultura y el Ministerio de Agricultura tratan de salvar el que se vendió como uno de los dos grandes proyectos que resolverían el abastecimiento y el tratamiento de las aguas residuales en la comarca de l'Alacantí, y a los que el fracaso del Plan Rabasa ha dejado prácticamente sin sentido. La desaladora de Mutxamel y la depuradora Alicante Sud.

La situación es desoladora. La planta de Mutxamel (80 millones de euros), nacida de la defenestración del trasvase del Ebro, y a la que en 2009 se buscó utilidad como la solución para abastecer de agua a los habitantes de la nueva zona urbana junto a la autovía, sigue cerrada y no tiene ni conexión con Benidorm.

Caso idéntico a lo que sucede con la depuradora Alicante Sud, una instalación que se presupuestó en 40 millones para depurar las aguas de Rabasa, el Pau 1, el polígono industrial del Plan de la Vallonga y San Vicente, pero que hoy está abandonada y sin uso en la sierra de Fontcalent. Como solución, la conselleria que dirige José Císcar estudia ahora reconvertir las instalaciones en una fábrica de abono agrícola obtenido del secado de los lodos de las depuradoras de la provincia que hoy se incineran a razón de 34.000 toneladas al año.

El fracaso del Plan Rabasa que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas para alojar una población cercana a las 35.000 personas en una nueva zona urbana de Alicante ha dado al traste con los dos proyectos estrella. La marcha atrás del proceso de urbanización de los terrenos de Rabasa, donde sólo se proyecta ahora el macrocentro de Ikea, han dejado muy cuestionada la utilidad de la planta desaladora de Mutxamel que costó 80 millones de euros y la depuradora Alicante Sud, cuyas obras se pararon en la sierra de Fontcalent cuando estaba a medio ejecutar. El Consell proyecta ahora retomar el proyecto modificándolo para convertir la planta en una productora de abono para la agricultura al tratar los lodos de las depuradoras de toda la provincia. Una iniciativa polémica, no ya por su naturaleza, sino por el lugar elegido, muy saturado, según advierte el edil Miguel Ángel Pavón (EU).

El Plan Rabasa preveía la creación de una nueva zona urbana al norte de la ciudad donde se construirían 13.503 viviendas sobre un total de 3.688.650 m2. Durante la tramitación administrativa se redujo un 11,6% la edificabilidad para, entre otras cuestiones, excluir del plan las Lagunas de Rabasa, lo que se tradujo en un recorte de unos 500.000 m2 de la superficie a urbanizar, y la construcción de 3.197 viviendas menos sobre las quince mil anunciadas cuando el Ayuntamiento de Alicante aprobó el plan el 13 de junio de 2006.

La promotora tenía también resuelto el tema del abastecimiento de agua, precisamente por un convenio que Aguas de Alicante, la empresa que suministra el caudal para el consumo urbano en el municipio, firmó en 2008 con la sociedad estatal Acuamed a la que compraría los caudales de la desadora de Mutxamel, que prevé potabilizar 18 hm3 de agua del mar al año, lo que permitiría, incluso, la construcción de casi 50.000 viviendas en los municipios abastecidos, ya que se calcula que cada casa consume un m3 diario.

La empresa también llegó a un acuerdo con la Entidad de Saneamiento para la utilización de la depuradora Alicante Sud donde se tratarían las aguas residuales. La previsión más optimista en 2009 era que los primeros pisos estuvieran para 2013 o 2014. Todo forma parte ya de un capítulo negro de la historia del urbanismo en Alicante.

Por otra parte, un informe del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante advierte de que la puesta en marcha de la desaladora de Mutxamel, aprobada por el Gobierno cuando cambió el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó, provocará un incremento de 15 millones de euros al año en el coste del agua potable que llega a los domicilios de las comarcas de l'Alacantí y la Marina Baixa, debido a que serán los ciudadanos los que tendrán que asumir el coste de un recurso (agua depurada del mar) que cuesta diez veces más que el caudal de los trasvases o el que se extrae de los acuíferos subterráneos. El catedrático Antonio Rico, director del Instituto, sostiene, en este sentido, que sólo analizando este sobrecoste (el agua desalada cuesta sobre el euro el metro cúbico por los 0,20 euros que se pactaron para el caudal del trasvase del Júcar), resulta urgente que el Ministerio de Agricultura y el Consell resuelvan el bloqueo que sufre el trasvase del Júcar para traer agua potable al Vinalopó y l'Alacantí.

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