Una pareja vulnerable es desahuciada en Juan XXIII

Episodio tenso en el barrio de Juan XXIII. Una pareja de 55 años ha sido desahuciada del inmueble en el que vivían en régimen de alquiler. La ejecución se ha llevado a cabo después de las denuncias de la propietaria presentadas por impago y pese a las protestas que han intentado evitar este desenlace.

La protesta había sido convocada para este jueves por parte del Sindicat de Barri de Carolines, que llamó a la concentración ante el inmueble, ubicado en el pasaje de San Juan de la Cruz. Una veintena de personas han acudido a esta llamada y se han sentado ante el portal sin impedir que los agentes de la Policía Nacional se abrieran paso.

Finalmente, la ejecución se ha llevado a cabo y la pareja será acogida durante un plazo de siete días en un albergue municipal a la espera de posibles soluciones.

"Vulnerabilidad acreditada"

La comitiva judicial tenía previsto presentarse a las 10:20 horas para ejecutar el desahucio, que finalmente se ha empezado a practicar cerca de las 11 de la mañana. La pareja que iba a ser desalojada solicitó la presencia de una ambulancia ante la crisis nerviosa que padecía la mujer, pero la atención médica ha llegado después de ser expulsada.

El Sindicat de Barri había alertado de la “situación de acreditada vulnerabilidad” de los desahuciados, Carmelo y Nuria, recordando además que esta última sufrió otro episodio de crisis nerviosa el pasado 3 de abril, cuando se intentó llevar a cabo la ejecución por primera vez. Señalan, además, que la mujer ahora desahuciada “padece un trastorno psicológico al que se suma un problema de salud físico, que reduce su movilidad hasta el punto de permanecer en cama durante días”.

Desahucio en el barrio Juan XXIII de Alicante

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Esta situación se suma a la de su pareja, encargado de cuidarla y “con barreras infranqueables para encontrar empleo”, una realidad que les supone “serios problemas para pagar los elevados precios del alquiler”.

Ante este escenario desde el Sindicat de Barri aseguran haber intentado negociar con la propietaria del inmueble para proceder o bien a la compra del piso o para mantener el alquiler previsto, de 240 euros mensuales y que la pareja había dejado de pagar, motivo por el cual fue denunciada. La propietaria se ha negado, según fuentes de esta entidad, a negociar cualquier otra solución que no fuera la que ha tenido lugar.

Otro de los intentos de la entidad para evitar la expulsión de los inquilinos ha sido la presentación de un informe de vulnerabilidad ante el juzgado, que no ha obtenido respuesta y por tanto no ha cambiado el devenir de los hechos.

Entre los presentes en la concentración estaba Manolo Copé, concejal y portavoz de EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, aunque ha marchado antes de la llegada de la comitiva judicial.