La Justicia decidirá sobre la moratoria de pisos turísticos en Alicante

La moratoria de nuevas licencia para pisos turísticos en Alicante ya se encuentra oficialmente en manos de la Justicia. Tras el recurso presentado por la patronal del sector Aptur, será un juzgado el que se pronuncie sobre la medida impulsada recientemente por el gobierno de Luis Barcala para controlar la proliferación de viviendas vacacionales en la ciudad.

Alicante suspenderá las licencias para apartamentos turísticos durante dos años

Al igual que hizo en València, la Asociación de Empresarios de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana, presentó a mediados de marzo un recurso Contencioso-Administrativo contra la suspensión de nuevas licencias a para pisos que se alquilen de forma vacacional en bloques residenciales. La medida, aprobada por el Ayuntamiento alicantino a propuesta del ejecutivo municipal del PP, entró en vigor el pasado mes de enero y se extenderá, como máximo, durante los próximos dos años. Ahora, la petición de Aptur ha sido admitida a trámite por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, por lo que deberá pronunciarse sobre la normativa. 

Decisión "desproporcionada"

Desde la patronal han incidido en repetidas ocasiones en que la decisión del ejecutivo local de no conceder nuevos permisos durante dos años es «discrecional, injustificada y desproporcionada», además de que no se basa en «criterios objetivos acreditados». En este sentido, apuntan que ninguno de los dos informes encargados por el Ayuntamiento para este fin justifican la aprobación de la moratoria. Y es que, de forma previa a la aprobación de la suspensión, el Consistorio encargó dos documentos al respecto: uno a la nueva Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante y otro a una consultora externa, a través de un contrato menor de la Concejalía de Urbanismo. 

València y Benidorm se adelantan a Alicante en el coto a los pisos turísticos

Los expertos universitarios advirtieron de que existían zonas congestionadas, como el Casco Antiguo, en las que la concentración de plazas turísticas por habitantes era de 95 por cada 100. No obstante, apreciaron que la ciudad aún cuenta con margen para asumir hasta 4.000 plazas más en aquellos espacios «menos congestionados». Por su parte, la consultora contratada por el gobierno local afirmó que, tras estudiar la situación, «no se observa un éxodo poblacional ni un aumento significativo en el precio de la vivienda».

Por todo ello, desde Aptur consideraron entonces que ninguno de los dos documentos aportaba pruebas objetivas ni datos que justificasen la suspensión de nuevas licencias, sino todo lo contrario. 

Medida "discrecional"

Al margen de dicho argumento, en la patronal también cuestionan que la medida se ha dirigido de forma «discrecional» contra las viviendas turísticas ubicadas en bloques residenciales. De hecho, los edificios de apartamentos turísticos quedan fuera de la moratoria. La justificación presentada desde el Ayuntamiento al respecto es que los inmuebles particulares que se alquilan de forma vacacional en bloques residenciales generan «problemas de convivencia».

Entrevista con Rocío Gómez, concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante

No obstante, en una entrevista con este diario, la concejala de Urbanismo Rocío Gómez abrió la puerta a que, entre las futuras medidas a adoptar durante el tiempo que se extienda la moratoria, se incluya en la suspensión también a los bloques formados al completo por apartamentos turísticos.

Ahora será la Justicia la que deba decidir sobre la polémica normativa, que ya aplican ciudades como València, donde también ha sido recurrida por Aptur. Para ello, el Ayuntamiento tendrá que remitir a la patronal el expediente completo de la suspensión con el objetivo de que la asociación pueda formalizar su demanda.