València y Benidorm se adelantan a Alicante en el coto a los pisos turísticos

De los dos años, que como máximo, durará la moratoria de nuevas licencia para viviendas de uso turístico en Alicante, ya se han agotado casi tres meses. Sin embargo, en este tiempo la ciudad aún no ha avanzado en el coto al alquiler vacacional irregular. De hecho, el gobierno local todavía no ha pedido las competencias para inspeccionar y sancionar alojamientos de corta estancia. Algo que sí han hecho ayuntamientos como el de València, que ya ostenta dichas competencias, o el de Benidorm, que tiene previsto asumirlas esta misma semana. 

Así lo confirmó recientemente la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano. La dirigente autonómica aplaudió los avances producidos para combatir la economía sumergida gracias al convenio marco firmado por el Gobierno autonómico y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que permite la delegación del ejercicio de las competencias sancionadoras en materia de viviendas de uso turístico. «València tiene ya las competencias transferidas», anunció Cano, al mismo tiempo que aseguró que Benidorm hará lo propio esta misma semana.

Pocos avances

Respecto a otros Ayuntamientos, como el de Alicante o el de Elche, la consellera reconoció que habían «mostrado interés» por realizar los trámites, pero sin que se hayan formalizado por ahora. Al respecto, fuentes del Consistorio alicantino consultadas por INFORMACIÓN señalaron a principios de mes que la intención del ejecutivo municipal es que la adhesión al convenio sea validada por la Junta de Gobierno Local en las próximas semanas, aunque sin concretar la fecha prevista. 

Una vez concluido dicho «traspaso de poderes» sería la Administración local la que estuviese facultada para vigilar y perseguir las prácticas irregulares en materia turística, en lo relativo a los alojamientos vacacionales ubicados en bloques residenciales.

"Hay déficit de hoteles"

Este tipo de viviendas, que se alquilan habitualmente en plataformas web como Airbnb o Booking, han sido el principal objeto de preocupación para el gobierno de Barcala dentro de la situación del sector turístico. Pese a que el alcalde ha repetido en varias ocasiones que la ciudad aún tiene «margen» de crecimiento en lo que a oferta alojativa se refiere, llegando a afirmar que existe un «déficit» de hoteles, Barcala sí ha reconocido la presencia de un «problema de convivencia».

El germen de este conflicto, de acuerdo con la postura del Ayuntamiento, sería la presencia de cada vez más pisos de alquiler turístico en edificios mayoritariamente residenciales, lo que genera molestias y sensación de inseguridad a los vecinos. Por este motivo, el propio alcalde anunció en el mes de diciembre la aprobación de una moratoria para nuevas licencias turísticas durante un máximo de dos años, una medida que entró en vigor en enero de 2025. El dirigente popular lo definió entonces como un tiempo para «analizar» el contexto de la ciudad y poder tomar nuevas decisiones al respecto.

¿Viviendas ilegales?

En ese proceso para la toma de decisiones, el Ayuntamiento encargó dos informes con un mismo objetivo pero resultado dispar: uno de ellos a la nueva Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante y otro a una empresa externa, a través de un contrato menor de la Concejalía de Urbanismo. 

Los expertos universitarios advirtieron de que existían zonas congestionadas, como el Casco Antiguo, en las que la concentración de plazas turísticas por habitantes era de 95 por cada 100. No obstante, apreciaron que la ciudad aún cuenta con margen para asumir hasta 4.000 plazas más en aquellos espacios «menos congestionados». Por su parte, la consultora contratada por el gobierno local afirmó que, tras estudiar la situación, «no se observa un éxodo poblacional ni un aumento significativo en el precio de la vivienda». Lo que ninguno de los dos documentos pudo esclarecer es cuántas viviendas turísticas ilegales hay en la capital de la provincia.

Pese a que el estudio encargado por Urbanismo asegura que «hay un total de 3.292 Viviendas de Uso Turístico (VUT) dadas de alta de manera irregular en el municipio», se trata de una cifra con matices. El dato, según se expuso durante la presentación del documento, se extrae de una comparativa entre el registro municipal y el de la Generalitat Valenciana en el que se listan todas las viviendas dadas de alta en el municipio. No se incluye dentro de esas 3.292 viviendas las ilegales, aquellas cuyos propietarios nunca han tratado de regularizar.