Un desahucio en Carolinas queda aplazado tras constatar la situación de vulnerabilidad de la residente

Ejecución aplazada. Así lo ha decidido la comitiva judicial que ha asistido esta mañana al número 4 de la calle del Alcalde Julio Suárez Llanos, en el barrio alicantino de Carolinas, para ejecutar el desahucio previsto y que afectaba la residente de un inmueble en este bloque.

La situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la vecina, que según el informe presentado por su abogado (aprobado por el Ayuntamiento de Alicante e insuficiente para la jueza que ha decretado el desahucio) padece de 26 patologías, ha hecho firmar un acuerdo entre las partes y la residente se compromete a dejar la casa el 27 de mayo, cuando está prevista la ejecución definitiva. Antes de esa fecha el abogado de la afectada, Medardo Láinez, confía en que el Ayuntamiento de Alicante busque una alternativa habitacional a la afectada. Desde el consistorio alicantino no han confirmado esta posibilidad.

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Los hechos han transcurrido en la mañana de este miércoles cuando el Sindicat de Barri de Carolines, encargado de asesorar y ayudar a las personas que se encuentran en riesgo de desahucio, había convocado una concentración ante el portal del inmueble que contaba con la orden de ejecución. La concentración, que ha recibido la presencia de unas treinta personas (entre quienes estaba el concejal de EU-Podemos, Manolo Copé), se había programado a las 10:30, justo una hora antes de la ejecución, que finalmente no se ha llevado a cabo.

Del alquiler al desahucio

En el inmueble sobre el que se prevé el desahucio definitivo el próximo 27 de mayo vive Olga desde hace 22 años junto a su hija. Esta ciudadana, de origen ruso, reside en Alicante desde el año 2000, y pudo comprar la casa para luego perderla tras una ejecución hipotecaria posterior a su separación y a que su expareja dejara de contribuir a la manutención familiar. La entidad bancaria le ofreció en aquel momento un alquiler social que la afectada estuvo pagando hasta que el banco no le renovó el cobro y dejó de efectuarlo, pese a que ella “podía pagarlo”, según asegura.

Fue entonces, en 2021, cuando el piso fue adquirido por un fondo, que solicitó aquel mismo año la primera ejecución hipotecaria, siendo su hija aún menor de edad. Aquel intento fue en vano y hace unos días se realizó la segunda solicitud de desahucio, ésta por parte de un nuevo propietario particular, que adquirió la casa el año pasado, según ha informado el abogado de la afectada.

La situación de vulnerabilidad de Olga, sin apenas capacidad para desplazarse dentro de la casa debido a las diversas patologías que padece, deberían ser argumento, según su abogado, para que el Ayuntamiento busque una solución habitacional que esperan que llegue antes del 27 de mayo, fecha de la ejecución teóricamente definitiva.