Han sido muchas las advertencias que ha realizado Cambiemos al bipartito de Orihuela, conformado por PSOE y Ciudadanos, sobre retirarle su apoyo sistemático al equipo de gobierno tras un pacto que alcanzaron con el grupo socialista y que posibilitó la moción de censura que desalojó al PP del poder y convirtió en alcaldesa a Carolina Gracia (PSOE). Un acuerdo con una serie de condiciones que ambas formaciones definieron como un compromiso de colaboración. Hay que recordar que los votos de los tres concejales de Cambiemos son imprescindibles para que PSOE, con seis ediles, y Ciudadanos, con cinco, sumen una mayoría de 14 frente a los nueve del PP y los dos de Vox.
Cambiemos, en una asamblea extraordinaria, ha decidido que "no se reúnen las condiciones para facilitar grandes acuerdos requeridos para la gobernabilidad del Ayuntamiento" tras "la deriva del gobierno local", según el comunicado de la formación, en el que advierte un giro hacia la derecha de una administración "excesivamente controlada por Ciudadanos".
A juicio de Cambiemos, la formación naranja está "condicionando todas las políticas", algo que "bloquea una salida progresista", hasta el punto de "lesionar tanto la confianza que no es posible el apoyo". Por ello, advierte al PSOE de que para "recuperar la colaboración entre ambas fuerzas" es necesario "un cambio drástico en los equilibrios de poder y dinámicas que controlan el gobierno local". No en vano, recuerda, "la moción de censura el pasado mes de abril no era solo para relevar al PP de la Alcaldía, sino -sobre todo- para avanzar en políticas progresistas que protejan y mejoren Orihuela".
Así, el grupo de izquierdas considera que se están tomando "numerosas decisiones en materia de Urbanismo, Patrimonio, Contratación y Personal [todas ellas áreas que dirige Ciudadanos] que van en contra del acuerdo suscrito entre PSOE y Cambiemos".
Entre ellas, afirma Cambiemos, el hecho de que el concejal de Urbanismo, José Aix, esté acelerando la aprobación de los trámites pendientes para urbanizar Cala Mosca, el último kilómetro de la costa oriolana que queda sin construir y en el que se prevén 2.200 viviendas. Para evitarlo, Gracia convocó una mesa de negociación con el agente urbanizador para ofrecer una alternativa en forma de permuta de los terrenos o de compensación económica. Tras una primera reunión que fue meramente una toma de contacto sin propuestas, Cambiemos asegura que "funciona con injustificada lentitud".
Al mismo tiempo, señala que "se está impidiendo la recuperación de los suelos robados por el Obispado al municipio", en referencia a la recuperación de las parcelas públicas que el Colegio Diocesano Santo Domingo usa como pistas deportivas desde hace dos décadas.
Ya en el pleno de julio, Cambiemos advirtió al bipartito de que se estaba acercando a dos líneas rojas del acuerdo, considerándolo como "una declaración de guerra" al pacto.
Otros de los caballos de batalla es la gestión en materia de vivienda pública, así como "los movimientos en Personal orientados a aumentar peligrosa e injustificadamente el poder de Cs en el Ayuntamiento". En concreto, por la aprobación en la última sesión plenaria del reglamento de niveles esenciales -u organigrama- que establece las áreas y sus funciones. Un pulso que finalmente ganó Ciudadanos.
Ya entonces el concejal Carlos Bernabé (Cambiemos) fue muy crítico con el PSOE: "Ceden y se pegan un tiro en los dos pies. Están entregando un resorte clave de las palancas de gestión a un socio de gobierno que tiene menos votos, menos concejales y que actúa con deslealtad". En suma, manifestó a este periódico, "caen en la trampa de Ciudadanos; si le das a una persona lo que quiere porque tiene rabietas o te amedrenta lo más probable no es que se relaje sino que vaya a más", al tiempo que lanzó un aviso: "Se dificulta el futuro", porque "si el plan es que esto no tenga consecuencias y nosotros desatasquemos cosas están equivocándose mucho".
Todo ello, continúa el comunicado, supone "desaprovechar una oportunidad de oro para orientar el Ayuntamiento en un sentido inequívocamente progresista, transformador y que ponga freno a las redes clientelares que dañan a nuestro municipio".
En cuanto al área de Contratación, Cambiemos ha denunciado opacidad y anomalías, e incluso ha pedido en varias ocasiones que se active la comisión de vigilancia.
A todo ello se suma que el juzgado ha citado como investigados a los concejales Luisa Boné y Ángel Noguera, precisamente por una denuncia de Cambiemos a Anticorrupción por presunta prevaricación en el contrato de mantenimiento de las zonas verdes, parques y jardines de Orihuela Costa, algo que la formación naranja tachó de oportunismo político.
Cambiemos, que ha pedido la dimisión o el cese de los ediles, insiste en que "no entendemos ni aceptamos que los concejales afectados por esta investigación continúen siendo parte de la junta de gobierno local y ostentando competencias en materias vinculadas al objeto de la investigación judicial".
Una moción en el pleno para echar a Noguera y Boné
La formación también ha elevado al pleno municipal una moción para solicitar el cese de los dos concejales de Ciudadanos investigados por la gestión de un contrato que asciende a casi un millón de euros al año. Así, ha optado por forzar una votación ante "una reacción soberbia e irresponsable" por parte de Ciudadanos y "el silencio en el PSPV-PSOE". Su portavoz, María García Sandoval, ha manifestado que "cualquier persona tiene derecho a la presunción de inocencia, pero se deben asumir responsabilidades políticas, más allá de si hay reproche penal o no en última instancia".
Sin apoyo para los presupuestos
Cambiemos, que, aunque tiene dos asesores designados por la alcaldesa como personal eventual y de confianza del Ayuntamiento, está fuera del equipo de gobierno, pero pactó su apoyo para que salgan adelante las propuestas del bipartito. Así, ha avanzado que no facilitará la aprobación de los presupuestos. Prorrogados desde 2018, fue una de las principales justificaciones para presentar la moción de censura, ante unas cuentas desactualizadas que no permiten un buen desarrollo en la gestión ni en los servicios, pues no son acordes a las necesidades del municipio. Tanto fue así, que tras la moción el equipo de gobierno aseguró que ya tenían pactado un presupuesto "urgente y social" que se aprobaría antes del verano (pasado). Después, Carolina Gracia anunció que su redacción se encargaría a una empresa externa, que finalmente se adjudicó sin licitación -al ser un contrato menor- por casi 18.000 euros. Sin que aún se hayan presentado y con las elecciones municipales del 28 de mayo en el horizonte.
