La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, volvió este miércoles a defender el incremento de la desalación del agua del mar y la mejora de la reutilización de la residual depurada como las dos alternativas que se barajan desde la tecnología para cubrir el descenso previsto en los aportes del Tajo-Segura. Ribera, que compareció en rueda de Prensa tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, insistió en que el recorte del trasvase máximo mensual de 38 hm³ a 27 hm³ es necesario «para que el sistema tenga agua todo el año y no estemos diez meses en situación extraordinaria»; razón por la que se han modificado las reglas de explotación. Del aumento del caudal ecológico del río, ni media.
La ministra considera -en ningún momento dijo que el trasvase no se cerrará, ni tampoco lo contrario- que la desalación es clave, y no tuvo reparos en señalar como gran logro que «la desaladora de Torrevieja genere 80 hm³ de agua al año, la misma que llega a la provincia de Alicante del Tajo». Una realidad que es, justo, lo que le censuran los agricultores.
Por su parte, Ximo Puig le recordó en público que «el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable, pero lo que es más importante aún es garantizar agua para siempre y a buen precio para el sur de la provincia de Alicante». Antes, Ribera había llegado a calificar de «ruido que no está justificado», la oposición del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, que el próximo lunes recorrerá en coche Madrid para exigir que no se recorte el Tajo-Segura hasta conocer el plan hidrológico del Tajo».
Por otro lado, unas horas antes todos los grupos de las Cortes Valencianas, excepto Unides Podem, acordaron este miércoles rubricar un acuerdo para defender la continuidad del trasvase Tajo-Segura. En concreto, pactaron solicitar que se suspenda «inmediatamente cualquier tipo de modificación» antes de la aprobación del Plan Hidrológico de la Cuenca de la Demarcación del Tajo, y que «se prevean caudales ecológicos que comprometan la viabilidad» del trasvase, así como establecer una mesa de diálogo entre los gobiernos autonómicos y el central.
La propuesta inicial, que partía de Ciudadanos, fue pactada en forma de enmienda transaccional y al acuerdo se sumaron el PSPV y Compromís, así como PP y Vox. Aunque la moción llegaba al pleno de las Cortes con el visto bueno de cinco de los seis grupos parlamentarios, fue objeto de un intenso debate, como siempre que se aborda cualquier asunto relativo a recursos hídricos. El texto se someterá a votación durante la sesión de hoy y todo apunta a que saldrá adelante sin el apoyo de los morados. La diputada Naiara Davó fue la encarada de marcar la posición de la formación en este asunto, y centró su alocución en la necesidad de replantear las políticas de distribución y consumos de agua, haciendo hincapié en que es «inaplazable abordar el impacto del cambio climático en los recursos hídricos». La moción aboga por un espacio de diálogo entre Gobierno central, autonomías afectadas y «los diferentes agentes implicados para consensuar cualquier cambio que afecte a las reglas de explotación actuales del Tajo-Segura, teniendo en cuenta los criterios técnicos».
También apuesta por aumentar la seguridad y estabilidad de los aportes hídricos destinados a la demarcación del Segura en los planes hidrológicos de las cuencas del Tajo y el Segura, así como en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Se pide igualmente realizar «cuantas inversiones sean necesarias por el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, así como la mejora de las inversiones de las comunidades autónomas implicadas para generar el aporte de nuevos recursos frente a futuros escenarios de merma de los mismos como consecuencia del cambio climático».
También se plantea «promover acciones técnicas y legislativas con el objetivo de alcanzar una rebaja de las tarifas del agua procedente de la desalación» y que el grado de cumplimiento de esta resolución se dé cuenta en las Cortes en un plazo de tres meses.
Las autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, cedentes del agua del Tajo que llega a Alicante y Murcia, han recibido, además, en estos 42 años de trasvase, unos 500 millones de euros y los ayuntamientos por el caudal cedido. Según la actual ley del trasvase, el dinero debiera utilizarse para financiar proyectos ambientales.
El 62% de la agricultura de la provincia depende del río Tajo
El agua del Tajo es vital para el 62% de la agricultura de regadío de Alicante, un sector que factura 500 millones de euros al año y da a empleo a 110.000 personas en la cuenca del Segura, de las que 51.325 residen en la provincia. El valor bruto del regadío en la zona abastecida se cifra en 1.700 millones de euros. A esta cifra hay que sumar que la industria agroalimentaria vinculada al agua del trasvase aporta 2.400 millones de euros al PIB nacional. La provincia de Alicante ha perdido en los últimos 30 años (1989-2020) el 42% de su superficie agrícola al pasar de las 300.735 hectáreas en explotación de 1989 a las 169.731 hectáreas actuales, de las que 71.541 son de secano y 98.190 de regadío, un 28% menos que las que había hace 30 años (136.253).
