Análisis | Barcala, víctima de su talante

Solo. Con trece concejales más, sí, pero consiguiendo casi un imposible: que Vox, la formación ultra, su aliado natural en el Ayuntamiento, al que tantas veces ha recurrido en los últimos cuatro años para aprobar desde presupuestos a ordenanzas tan polémicas como la de mendicidad y prostitución, cambiase a última hora el voto previsto (una abstención clave) para unirse finalmente a la izquierda en el «no».

Solo y cabreado, tal y como se mostró cuando el partido liderado por Santiago Abascal le comunicó horas antes que no «salvaría» en el pleno extraordinario de este viernes el trámite necesario para poner sueldo a ese «gobierno paralelo» de hasta doce altos cargos, que percibirían entre 75.000 y 82.000 euros. En esa conversación con Vox, los decibelios se elevaron mucho más allá de lo razonable, incluso en la actual política.

Y es que Barcala, con su intento de modificar por la vía de urgencia la estructura municipal para -dice- «modernizar» el Ayuntamiento (con prisas como si acabara de llegar a la Alcaldía, como si no hubiera problemas más acuciantes en la ciudad o como si este trámite tuviera fecha tope), ha sido víctima de su talante, de ese carácter poco negociador, más bien autoritario, azuzado por los suyos, propio de quien gobierna a golpe de mayoría absoluta y que le lleva siempre que puede a huir de la participación de terceros (sean vecinos, expertos u oposición), como si el Ayuntamiento fuera un rancho. Pero no es el caso. Aun con su resultado el 28M, el alcalde debe negociar para recabar apoyos siempre que quiere superar un trámite plenario. Esta vez, además, quiso ir por la vía rápida («cuanto antes, mejor», defendían en su equipo este pasado martes, ni 24 horas después de que saliera a la luz su decreto y el mismo día de la comisión previa a un pleno que se iba a celebrar este viernes). 

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Finalmente, el intento le salió mal. Tanto que, muy a su pesar, se vio forzado a suspender una hora antes de su inicio una sesión plenaria extraordinaria para la que los funcionarios estaban trabajando desde primera hora de la mañana. La decisión, inaudita, fue consecuencia de intentar implantar una estructura directiva en el Ayuntamiento sin ningún consenso. Así Vox, que se plantea la necesidad de huir de la izquierda como de evitar ser atropellados por el PP (ante el antecedente de Ciudadanos y con la polémica del valenciano caliente), se dio cuenta de que tenía muy difícil defensa validar la creación de un «gobierno paralelo» con muchos puntos coincidentes con esos «chiringuitos políticos» que dicen intentan erradicar para evitar «oficinas de colocación». 

Pese a ser cuestionados, los populares no se habían comprometido a impulsar procesos selectivos públicos como lleva a cabo la siempre observada Málaga (más allá de que la decisión final corresponda a la Junta de Gobierno) para fomentar la competitividad y, en consecuencia, la selección de los mejores perfiles profesionales. Tampoco había ningún compromiso público de que los elegidos no iban a ser afiliados o simpatizantes del PP, ni que esta nueva estructura no se fuera a convertir en una herramienta para ascender a actuales asesores, con el premio de un mejor sueldo y más competencias, y así poder ampliar la nómina del personal de confianza. De hecho, buena parte de los nombres que han circulado estos días por el Ayuntamiento para ocupar los nuevos cargos hicieron dudar en exceso a Vox, ya que suponía renunciar a uno de los puntos más recurrentes de su argumentario político sin una ganancia de la que presumir ante su gente, como sí hicieron en el pasado con los presupuestos o la polémica ordenanza.

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Entre los grupos de la oposición admiten que el «no» que iban a exhibir en el pleno de este viernes, en el caso de haberse celebrado, habría tenido una defensa más difícil si Barcala hubiera negociado un acuerdo en el que todos (o una amplia mayoría) se sintieran cómodos, si Barcala hubiera optado por dar forma a la estructura directiva con la contratación inicial de un grupo reducido de directores generales (una figura habitual en grandes ayuntamientos, pero que en Alicante solo tiene un precedente: en Seguridad y con Castedo), enfocados a áreas esenciales y con necesidades, como Turismo (tras la incapacidad tanto del PP, como de Cs y el PSOE en su día de cubrir la plaza de gerente, vacante hace seis años) o Urbanismo (por aquello de impulsar, de una vez, la redacción de un nuevo PGOU que sustituya al actual, de 1987). 

Y es que ninguna gran ciudad en las que se mira Alicante (y eso que todas tienen bastante más población) empezó la implantación de una estructura directiva con la contratación, de golpe, de doce cargos, prácticamente uno por cada concejal de gobierno, con competencias además como «pensar» Alicante, dando pie a las críticas de una oposición que reitera cada vez que puede la falta de modelo de ciudad del PP. El alcalde, en ese escenario que dibujó, quiso ir a máximos, amortizando así la polémica en el arranque del mandato y, por ahora, se quedó con nada, más allá de la soledad (pese a ese equipo del que presumía en campaña) y del cabreo de quien no está acostumbrado a las derrotas. 

Asimilando el batacazo, tras las malas caras y el peor ambiente que se vivió en el final de semana en el entorno de Alcaldía, Barcala busca ahora el consenso. Eso sí, lo hace forzado por la oposición y no por iniciativa propia para impulsar una estrategia que tenga visos de permanencia al margen del color del gobierno. Para el martes, primer día lectivo tras el puente por el 9 d’Octubre, ha convocado por ahora a los grupos minoritarios. Necesita apoyos (una abstención, al menos) si no quiere tener que renunciar, como ya le sucedió con el Presupuesto de 2023 o con la intención de traspasar a Suma el cobro de impuestos, a un objetivo que el PP considera clave para este mandato en Alicante (y con la mente, además, en el siguiente). En su mano está. Solo tiene que negociar. Y con voluntad de acuerdo, ya puestos.