Benidorm anula la prórroga del contrato del parking de l'Aigüera tras un dictamen del CJC

El acuerdo del 31 de mayo de 2021 por el que se acordaba la prórroga en la gestión del aparcamiento público de l'Aigüera de Benidorm ha sido declarado nulo. Así lo ha aprobado el pleno por unanimidad tras recibir el dictamen (preceptivo) del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en el que se establece precisamente la "declaración de nulidad" de dicho acuerdo que aprobó el gobierno del PP en aquel momento.

Como ya publicó este diario, el alcalde Toni Pérez acordó iniciar la revisión de oficio de este expediente tras una investigación y la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude; de esta manera cumplía con una de sus recomendaciones. Dentro de ese trámite se incluía trasladar la documentación al CJC para que se pronunciara sobre este asunto y poder tomar así una posterior decisión administrativa, que en este caso, basándose en lo dicho por este órgano, ha sido la de anular esa prórroga.

Todo este procedimiento se inició en 2022 cuando el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) con representación hace tres años en la corporación denunció en 2022 dicha prórroga cuando el contrato ya llevaba un año caducado mientras el gobierno local tramitaba la gestión directa del parking. La Agencia Valenciana Antifraude hizo sus recomendaciones mientras el Tribunal de Cuentas archivaba el pasado mes de febrero la causa abierta en este sentido.

Las razones que esgrime el CJC en su escrito, al que ha tenido acceso este diario, es que se "constituyó una prórroga del contrato contraria a la normativa de contratación pública". Es decir, "una contratación irregular, nula de pleno derecho, al convertirse, en definitiva, en una prórroga de contrato indeterminada, con vulneración de los principios que rigen la contratación pública". Además, sobre las facturas abonadas o pendientes de pago a la mercantil, se indica que las primeras están bien hechas y que las que quedan pendientes hay que abonarlas.

La portavoz del gobierno, Lourdes Caselles, explica que el Ayuntamiento "ha colaborado siempre con la Agencia Antifraude", tras las críticas vertidas por el PSOE en la oposición en este sentido. Indica que los socialistas "mienten cuando afirma que el alcalde se negó a hacerlo, porque Antifraude tuvo toda la documentación a su alcance" y que se veló "para que se siguiera el procedimiento a rajatabla" con la presencia del secretario municipal.

Sobre esa prórroga, Caselles ha indicado que la continuidad del contrato se llevó a cabo "por circunstancias excepcionales y con informes favorables de los técnicos" y ha criticado que el PSOE "haga una oposición tóxica porque les encanta estar en el fango y dañar la imagen de Benidorm". Además alega que "nosotros votamos a favor o en contra en función de lo que dicen los técnicos municipales. Ahora el Consell Jurídic Consultiu dice que hay que declarar la nulidad y eso es lo que estamos haciendo".

Piden el cese del concejal

Pero el PSOE ha sido muy crítico. El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, ha exigido al alcalde que cese al edil José Ramón González de Zárate, anterior concejal de Movilidad, tras el "varapalo" del Consell Jurídic Consultiu. "Si un dirigente comete un error tan grave, y además lo ratifican instituciones como el Consultiu, debe asumir su responsabilidad política. Un dirigente que defendió vehementemente aquellas prórrogas y que se permitió el lujo de insultar a la oposición, debería apartarse ahora por una cuestión de dignidad", apunta.

"El Dictamen del Consell Jurídic Consultiu que hemos tratado en el pleno pone la música a una letra que ya sabíamos. Y menuda música. La del Padrino, o la de Los Soprano… elijan. Porque no crean que lo que ha ocurrido se aleja mucho de estas tramas", ha apuntado Castillo.

Además ha pedido que se inicien los trámites para recuperar el dinero que "ganó la empresa de forma ilícita gracias a los votos del PP", que se presente la documentación ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas para "determinar la existencia de responsabilidades judiciales". Y también le ha pedido a los populares que pidan "disculpas por todos los insultos vertidos" a la oposición en este asunto: "Cuando en diciembre del pasado año Antifraude presentó el informe de 70 páginas sobre el parking de l’Aigüera y nosotros lo calificamos como el primer caso de corrupción del gobierno de Toni Pérez, se nos ha criticado, insultado, tachado de ridículos y demagogos, cuando lo único que hemos hecho es defender el patrimonio de Benidorm".

Tras escuchar al PSOE, el alcalde ha tomado la palabra para solicitar a Castillo que retirara lo dicho en su intervención. "No se puede retirar lo que a uno no le gusta", le ha espetado el socialista. Pérez le ha vuelto a contestar: "Los políticos no deberían mentir. Le pido que la retire porque está llena de falsedades, con invenciones, falacias. Yo sé a qué ha venido usted aquí pero no tiene derecho a atentar con la dignidad de las personas". Tras un intercambio duro de impresiones, el portavoz socialistas ha acusado al alcalde de hacer "de portavoz del PP, que es lo que más le gusta". El primer edil le ha dicho que solo dirigía el pleno.

El PSOE califica de "turísmofóbico" el plan Ensanche Levante; el PP lo defiende

El pleno ha aprobado con los votos a favor de PP y Vox la desestimación de la solicitud de suspensión del acuerdo plenario del pasado 27 de marzo por el que se aprobó de forma definitiva el plan parcial Ensanche Levante. Este acuerdo se aprobó antes por la Junta de Gobierno local para cumplir los plazos. Esa solicitud respondía a una petición del PSOE recogida en un recurso de reposición contra el mismo acuerdo plenario.

Como ya publicó este diario, varios informes redactados por los técnicos municipales consideraban que no cabía ni la suspensión del plan ni el recurso. Caselles ha defendido que el plan Ensanche Levante traerá consigo la creación de nuevas viviendas en la ciudad, muchas de ellas públicas, además de suelo dotacional, zonas verdes y espacios para nuevas infraestructuras. En concreto, por lo que se refiere al parque de viviendas, la edil ha explicado que el mismo contempla 1.600 viviendas residenciales más otras 600 de protección pública y que también contempla 12 parcelas para uso turístico, en las que los propietarios deberán decidir si quieren construir un hotel o un apartotel.

Así ha defendido el plan frente a las críticas y acusaciones del PSOE: "En ningún otro municipio de la Comunidad se va a aprobar un plan que promueva tanta vivienda pública como en este". El desarrollo de Ensanche Levante "va a traer muchos beneficios a Benidorm" y también "mejorará enormemente el estado actual de aquella zona".

En su exposición, la edil de Urbanismo ha manifestado que la solicitud de suspensión de dicho acuerdo no se ajusta a ninguno de los tres supuestos que fija la Ley de Procedimiento Administrativo para avalar este trámite, tales como que el mismo supusiera un daño irreparable, que fuera nulo de pleno derecho o que se presente el aval suficiente para que dicha suspensión no suponga daños a terceros o al interés general. A continuación, se ha referido "punto por punto" a las cuatro causas argumentadas por los socialistas en sus recursos para pedir la suspensión de dicho plan y que han sido rechazadas por los técnicos municipales.

Pero el PSOE sigue empeñado en echar para atrás este desarrollo. Entre sus argumentos está que es "turismofóbico", ya que "conduce al colapso, a la masificación, a la precarización… se olvida del turismo, de quienes viven y trabajan aquí y necesitan una vivienda asequible para vivir", ha indicado Castillo. Además ha dicho que "van a convertir Armanello en una zona guiri VIP".

Así ha hecho referencia a que "no da respuesta a las necesidades que tiene Benidorm en el siglo XXI". Y ha acusado al PP de estar del lado de solo un parte de la ciudadanía: "Con este plan ganan unos pocos, los propietarios de los terrenos. Algunos apellidos muy conocidos por ustedes, familias vinculadas al PP, Enrique Ortiz y algún que otro constructor. Y pierde vecinos Benidorm y el modelo de ciudad", indica Castillo.

Con todo, los socialistas se reservan aún la opción de acudir a los tribunales para presentar un contencioso contra la aprobación del plan. Y, además, ha planteado al gobierno del PP que se inicien los pasos necesarios para redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que "proteja el territorio, que utilice criterios de sostenibilidad y que dé respuesta a las necesidades del siglo XXI". Así añade que "han modificado decenas de veces el PGOU para hacerlo suyo, pero no se parece en nada al original".