La rehabilitación de los antiguos juzgados se pospone a septiembre

El plazo de ejecución de las obras de rehabilitación de los antiguos juzgados de Orihuela se pospone por tercera vez. La concejala de Contratación, Mónica Pastor (PP), ha resuelto ampliarlo, a petición de la adjudicataria, por un periodo de 21 semanas que contarán desde la fecha prevista de fin de obra, establecida para el pasado 7 de abril, por lo que la nueva fecha se fija para el próximo 1 de septiembre.

La adjudicación a Doalco se realizó el 13 de julio de 2022 por 2,3 millones de euros, aunque el contrato se formalizó el día 25 de ese mismo mes y el acta de replanteo fue el 26 de agosto de ese mismo año, fecha a contar, conforme a lo establecido en el pliego, para fijar la finalización de las obras 45 semanas después; es decir, el 7 de julio de 2023.

Ya en julio del año pasado, se amplió la ejecución por un periodo de seis meses, por lo que las obras estarían concluidas el pasado 7 de enero. Entonces, la empresa alegó que se tenía que cubrir el retraso generado por los resultados de los ensayos, el recálculo de la estructura y la adaptación de las soluciones de refuerzo inicialmente planteadas, con la consiguiente demora en los plazos para el inicio de estos trabajos, así como la solicitud, por parte del Ayuntamiento, a la dirección facultativa de las obras, de un informe de viabilidad de las modificaciones del proyecto.

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Sin embargo, antes del vencimiento, tras la petición de la mercantil y al amparo de nuevos informes técnicos emitidos por los facultativos titulares de la dirección de obra, así como por el arquitecto municipal responsable de su supervisión, se aprobó una segunda ampliación de tres meses que finalizaría el 7 de abril, por la complejidad de los refuerzos de la estructura propuestos y por no haber contratado aún, por parte del Ayuntamiento, la redacción del proyecto modificado a la dirección facultativa.

Lo mismo ha ocurrido ahora: el 27 de marzo Doalco solicitó una nueva ampliación de seis meses con el objetivo de iniciar las nuevas actuaciones incluidas en el futuro proyecto modificado, según justificó la contratista, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento aún no había autorizado la modificación del proyecto. De hecho, de los seis meses solicitados, uno se prevé para la autorización, dos para la redacción, otro para la contratación del proyecto modificado y dos más para la ejecución de esos trabajos. El pasado 3 de abril, la dirección facultativa de las obras presentó un informe en el que considera que el retraso no es imputable al contratista debiendo procederse a la ampliación del plazo.

Sobrecostes

Los trabajos para convertir los antiguos juzgados, a escasos metros del Palacio del Marqués de Arneva, sede del Ayuntamiento, se presupuestaron en 2,3 millones de euros. Sin embargo, varios imprevistos supusieron un sobrecoste de casi un 20% (más de 300.000 euros), principalmente por el refuerzo estructural que la adjudicataria ha tenido que realizar en el edificio para hacerlo resistente a los terremotos. El inmueble, construido en 1974 y que en su día fue sede de los juzgados, se encontraba en muy mal estado, sobre todo por la humedad y el abandono que ha sufrido.

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En enero, el Ayuntamiento ya preparaba el traslado de los distintos servicios municipales que se instalarían en este edificio el próximo verano. Algunos, como Contratación, Infraestructuras o el área económica se encuentran actualmente desperdigados en diferentes locales y edificios alquilados por el Ayuntamiento. Una rebaja en los alquileres que se completará con la reubicación de otras áreas municipales a la antigua Caja de Monserrate y al Palacio de Rubalcava, una vez finalicen las obras que también están en marcha. De este modo, el Consistorio oriolano se ahorrará 800.000 euros al año en alquileres.

Cuatro plantas

A los antiguos juzgados, que cuenta con una superficie de 2.280 metros cuadrados y cuatro plantas, se trasladarán 120 de los más de 800 trabajadores municipales que tiene el Ayuntamiento. La planta baja se destinará a la atención al público, mientras que la primera acogerá las dependencias de las áreas de Infraestructuras y Patrimonio. La segunda albergará las áreas de Contratación y Secretaría, y la tercera será donde se ubique el área económica e Intervención.