Las agresiones, con piedras de gran tamaño, sufridas por los autobuses a su paso por calles del barrio de Juan XXIII de Alicante han forzado a modificar el recorrido de tres líneas, aunque una de ellas solo da servicio los días de mercadillo. En concreto, se trata de las líneas 06 (Estación de Autobuses - Juan XXIII) y 11 (Virgen del Remedio - avenida Denia), que ya no circulan por la calle Barítono Paco Latorre. También se ve afectada la línea 17, exclusiva para el Mercadillo de Teulada que da servicio los jueves y sábados.
La decisión ha caído como un jarro de agua fría entre los vecinos, que reclaman al bipartito de Alicante que refuerce la seguridad en el barrio para que las líneas puedan recuperar el recorrido habitual. Así se lo han hecho saber al gobierno local a través de un escrito.
"Reclamamos que se proceda a restaurar el servicio público municipal del autobús en Juan XXIII, 2º Sector, con sus frecuencias y paradas", señala el texto, en el que también piden que se convoque la Junta de Distrito 2 en sesión extraordinaria para hablar de las incidencias en el transporte público en su trayecto por Juan XXIII y de "soluciones y protocolos de seguridad".
Además, reclaman al bipartito que convoque la Mesa Técnica del Transporte también para abordar el asunto de seguridad que ha forzado a modificar el recorrido de las líneas del autobús urbano. Fuentes municipales aseguran que la reunión se producirá el próximo lunes, con presencia también de representantes vecinales.
Según ha comunicado la concesionaria del servicio, la modificación de las líneas "por motivos de seguridad" no tiene fecha límite: "Hasta nuevo aviso". Los cambios en las líneas han supuesto la anulación de cuatro paradas en la línea 06 y de una decena en la línea 11.
En el escrito vecinal, firmado por los presidentes de las asociaciones de vecinos de Juan XXIII y de Colonia Requena, se lamenta que "sin previo aviso el servicio público de autobús haya sido suprimido en la calle Barítono Paco Latorre, afectando muy gravemente a los derechos de los usuarios de toda una amplia zona de Alicante". Los vecinos reclaman, en ese texto, al alcalde, Luis Barcala, que como máximo responsable de la Policía Local "proceda con toda urgencia a mantener la seguridad en el recorrido del autobús L6 y L11, restableciendo este esencial servicio público".
Los vecinos explican, que, según la información facilitada por la empresa concesionaria, los conductores vienen soportando, desde hace más de un mes, más de una veintena de "ataques a sus autobuses mediante piedras de grandes dimensiones y peso, que al impactar contra las ventanas acristaladas de los autobuses penetran violentamente en el interior, poniendo en grave peligro la integridad física de los usuarios y de los viandantes, ya que, al ser muy alta la posibilidad de la pérdida del control del autobús, podrían producirse accidentes de diversa gravedad".
Desde las asociaciones vecinales aseguran desconocer "qué tipo de medidas haya podido adoptar el Ayuntamiento, durante todo este tiempo, habiendo tenido tiempo para tratar de identificar y sancionar a los autores de estos comportamientos incívicos".
Lo cierto, prosiguen, "es que la absurda consecuencia ha sido la interrupción indefinida de este esencial servicio público con un grave perjuicio para un considerable número de usuarios". "Conviene resaltar que estos lamentables incidentes se producen insistentemente, durante muchos años, justo al lado de un retén de la Policía Local", añaden.
Los vecinos, por otro lado, explican que desde el Comité de Empresa de la empresa concesionaria manifiesta "su gran preocupación porque estas agresiones, lejos de solucionarse, se están agravando, por lo que temen por la seguridad e integridad física de los conductores, de los usuarios del autobús y de los viandantes, siendo esta la razón por la que, ejerciendo su derecho a la prevención de riesgos graves e inminentes en aplicación de lo regulado en la Ley de Riesgos Laborales, se han visto obligados a exigir que se garantice plenamente la seguridad de empleados y usuarios".
Las asociaciones firmantes del escrito admiten que son "conscientes de que la seguridad debe ser una cuestión prioritaria", que comprenden "las exigencias del Comité de Empresa", al tiempo que dicen no llegar a "entender que el Ayuntamiento haya sido, hasta el momento, claramente incapaz de controlar un problema tan limitado en el espacio justo al lado de un dispositivo policial".
"Solamente desde la desidia y desde el permanente abandono a las preocupaciones y problemas de nuestros barrios es como se puede explicar que hayamos podido vernos desprovistos de este servicio público esencial", añaden los vecinos en el documento remitido al bipartito de Alicante, en el que manifiestan su "más absoluto rechazo al trato inadmisible que dispensa el Ayuntamiento", advirtiendo de la "voluntad de organizar movilizaciones con el fin de conseguir soluciones inmediatas y de dejar de ser tratados como ciudadanos de segunda".
Además del escrito registrado por los vecinos, también ha llegado otro documento al Ayuntamiento, en este caso firmado por el Comité de Empresa del servicio municipal de transporte urbano, en el que se carga también contra el bipartito por la falta de soluciones. "En la reunión de la Mesa de Transporte urbano colectivo, celebrada el pasado día 10 de marzo de 2022, se trató una vez más el preocupante incremento de ataques a los autobuses de las líneas 06, 11 y 17", arranca el texto, que añade: "En esta ocasión, según el informe aportado por el Operador de este Servicio Público, entre los meses de febrero y marzo de este año, los conductores de los autobuses urbanos hemos sufrido 23 ataques a los autobuses donde trabajamos con lanzamientos de piedras de considerable dimensiones y peso, que al impactar contra las ventanas acristaladas de los autobuses penetran violentamente en el interior, poniendo en grave peligro la integridad física de los conductores/as, usuarios y de los viandantes, ya que, al ser muy alta la posibilidad de la pérdida del control del autobús, podrían producirse accidentes de diversa gravedad".
La situación "produce un estrés psicosocial muy perjudicial en el ámbito laboral por la constante amenaza de poder ser agredidos con total impunidad", según el comité, que dice desconocer también "qué tipo de medidas eficaces se han podido adoptar durante todo este tiempo por el Ayuntamiento de Alicante, titular de este Servicio Público".
Según los representantes de los trabajadores, "ante esta indefensión de los poderes públicos" se han visto "obligados a no circular por la Calle Barítono Paco Lacalle, lamentando que la interrupción indefinida de este esencial Servicio Público cause un grave perjuicio para un considerable número de usuarios". El Comité subraya que "estos lamentables incidentes se producen insistentemente, durante muchos años, justo al lado de un retén de la Policía Local y, por ello, manifestamos una gran preocupación porque estas agresiones, lejos de solucionarse, se están agravando.
Desde el Ayuntamiento se alega que "solo se ha reducido la parada que coincide con las agresiones, hasta que se identifique a los autores". "Se han producido varios lanzamientos de piedras que han impactado en varios autobuses. Ya se ha adoptado medidas como el incremento de la vigilancia a cargo de la Policía Local y que, además, se ha solicitado la intervención de la Policía Nacional a través de la Subdelegación del Gobierno al tratarse de una cuestión de orden público que recae bajo sus prerrogativas", señalan desde el gobierno municipal.
Reacciones de la oposición
El Partido Socialista de Alicante señala al alcalde por el cambio en el recorrido de las líneas por motivos de inseguridad. “Este tema es responsabilidad de Barcala. Es el alcalde el que debe incrementar la seguridad en la zona para combatir los actos vandálicos que se puedan producirse. A los usuarios de estas líneas no se les puede tratar como ciudadanos de segunda. ¿Es que van a tratar la Zona Norte como si fuera Afganistán?”, ha indicado el secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha reclamado al Ayuntamiento que mantenga las líneas 06 y 11, "garantizando la seguridad de los trabajadores del autobús urbano y poniendo freno a las actitudes incívicas". "La solución nunca puede ser cortar el servicio en Juan XXIII", añade.
