Tres uniones temporales de empresas (UTE) optan en principio a obtener el contrato de la limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante, entre las que está STV Gestión, la empresa que actualmente gestiona el mantenimiento de las zonas verdes y la limpieza de los colegios y dependencias municipales de Alicante, en una UTE con Valoriza (una empresa del grupo Sacyr). El lunes se cerró el plazo de presentación de ofertas y, según fuentes bien informadas, las otras dos opciones son la UTE Ferrovial FCC, que ahora se llama PreZero; y UTE Acciona-Urbaser. Las ofertas se valorarán previsiblemente este miércoles en la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante. El sobre de la oferta económica, clave en este tipo de adjudicaciones, se prevé abrir el próximo 13 de julio, según el anuncio de licitación.
De conseguir el contrato ahora en manos de la UTE formada por FCC, Ferrovial y Cívica (de Enrique Ortiz), la sociedad de origen murciano (STV Gestión) se haría con el control de tres de las grandes contratas de la ciudad de Alicante, tras entrar en el Ayuntamiento para gestionar las zonas verdes y quedarse posteriormente también con la limpieza de colegios y dependencias municipales. Otra novedad es que el empresario alicantino en principio no concurre a este contrato con los grupos empresariales y en todo caso lo haría como accionista minoritario. Ortiz estaría más interesado en optar la gestión de los residuos en la planta de Fontcalent, que se tramitará con un pliego aparte, al desgajarse del contrato de la limpieza, y que aún no ha salido a concurso.
A principios de mayo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó la licitación del nuevo "contrato del siglo", el relativo a la limpieza viaria y recogida de residuos, con un presupuesto base de 347 millones de euros y una duración de ocho años, sin prórrogas. El Ayuntamiento de Alicante prevé gastar un máximo de 43,5 millones de euros al año en un contrato que actualmente incluye el tratamiento de residuos pero no recoge la recogida de orgánica, según explicó el concejal de Limpieza, Manuel Villar.
El próximo contrato supondrá, según el edil, un incremento de aproximadamente un 25% del gasto respecto a los mismos servicios incluidos en el actual contrato, en manos de UTE Alicante. El concejal Villar resaltó que con esta licitación se impulsaba la renovación de la "mayor contrata" municipal. “La ciudad ha crecido en población y en nuevas zonas urbanizadas, tenemos seguir mejorando la limpieza de nuestros barrios y pedanías, mantener unas playas cuidadas y con un alto estándar de calidad y cuidar los espacios turísticos de relevancia como la isla de Tabarca, que van a exigir mayores esfuerzos, dotaciones y modernización en esa transición hacia una ciudad más sostenible y habitable que nos marcan los objetivos de la Agenda Urbana Alicante 2030”, según Villar.
El futuro contrato, que el bipartito espera que esté adjudicado antes de terminar este año 2022, incluirá los servicios de recogida de los residuos de competencia municipal generados en el término de Alicante y su traslado hasta la planta de tratamiento, ecoparque o gestor autorizado, la limpieza, mantenimiento, suministro y colocación de los contenedores, la gestión de los programas de compostaje individual y comunitario y las acciones de educación ambiental que le correspondan.
Según el gobierno municipal, potenciará la recogida selectiva para cumplir con las exigencias de la normativa autonómica, nacional y europea, así como la labor de concienciación para avanzar hacia la consecución de una economía circular, orientada al reaprovechamiento y la reducción de la generación de residuos de rechazo que acaban finalmente en los vertederos.
Además permitirá aumentar en alrededor de 120 el número de operarios, sobre todo barrenderos, según ha precisado el edil, además de conceder mayor puntuación a las empresas que comprometan la renovación de maquinaria.
La licitación del contrato estuvo en riesgo tras la presentación de un recurso por parte de la Colla Ecologista d`Alacant-Ecologistas en Acción, que finalmente fue inadmitido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda. Con esta decisión de Hacienda se cierra la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en un plazo de dos meses.
