Entidades piden al nuevo Consell que suspenda el decreto que regula los centros sociales

Una decena de entidades sociales firman una carta abierta dirigida al nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana mediante la que se pide que el nuevo marco normativo sea consensuado con el sector de los centros sociales y residencias, y resulte viable económicamente para las personas usuarias de los servicios.

Por ello, se pide al nuevo gobierno surgido de las elecciones del pasado 28 de mayo que se suspenda la aplicación del decreto 27/2023, que se recojan las aportaciones llevadas a cabo por las distintas entidades participantes en el proceso de elaboración, que se invite a participar a las sociedades científicas y colegios que no lo han sido anteriormente y a que se garantice la financiación adecuada para el nivel de exigencia requerido.

Entidades sociales critican al Consell por no resolver las necesidades de las personas mayores

"De esta manera, se podrá garantizar una mejora en la atención a todas las personas con unos servicios adaptados a sus necesidades, viables técnicamente y sostenibles en el tiempo para la Generalitat Valenciana y el conjunto de la ciudadanía", señalan.

Las entidades firmantes consideran que el Decreto 27/2023 no ha sido consensuado con todas las partes ni financiado adecuadamente, lo que debería ser corregido de manera inmediata. Son la Asociación Coordinadora de Recursos de Atención a Personas con Diversidad Funcional Intelectual (COPAVA), la patronal de las residencias y la dependencia AERTE, la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos, Fevafa Alzheimer, la Asociación de Padres Autismo Comunidad Valenciana y el Colegio de Fisioterapeutas.

El nuevo decreto que regula los centros sociales acaba en los tribunales

La carta

Los centros y servicios sociales de la Comunidad Valenciana requerían un nuevo marco normativo que superara el existente, que se encontraba desfasado, y que diera repuesta a las necesidades de las personas que necesitan ser atendidas en la actualidad y de las que deberán serlo en el futuro próximo. Por ello, entendimos como positivo el proceso puesto en marcha por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en noviembre de 2021 con ese objetivo.

La Enfermería también recurre ante el TSJ contra el decreto que regula los centros sociales

Desde entonces, y una vez aprobado el Decreto 27/2023, De 10 de marzo, del Consell, por el que se regulan la Tipología y el Funcionamiento de los Centros, Servicios y Programas de Servicios Sociales, y su Ordenación dentro de la Estructura Funcional, Territorial y Competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, consideramos que no se han cumplido los objetivos de hacer un modelo consensuado con todas las partes y financiado adecuadamente para que no suponga ningún coste añadido a las personas que son atendidas por el conjunto del sistema.

La patronal de la dependencia pide los informes sobre el coste de las residencias a los usuarios

Muestra de ello son los dictámenes 12-22 del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana y el 158/2023 del Consell Jurídic Consultiu, que insisten en la necesidad de hacer una valoración adecuada de la situación inicial y de dotar el presupuesto necesario para que ninguna persona quede fuera del sistema por el coste de los nuevos requisitos exigidos.

Estas cuestiones pueden provocar resultados no deseados en la población más vulnerable de la Comunidad Valenciana, por lo que deberían ser corregidas de manera inmediata. Por ello, pedimos al nuevo gobierno surgido de las elecciones del pasado 28 de mayo que se suspenda la aplicación del decreto 27/2023, que se recojan las aportaciones llevadas a cabo por las distintas entidades participantes en el proceso de elaboración, que se invite a participar a las sociedades científicas y colegios que no lo han sido anteriormente y a que se garantice la financiación adecuada para el nivel de exigencia requerido.

De esta manera, seremos capaces de garantizar una mejora en la atención a todas las personas con unos servicios adaptados a sus necesidades, viables técnicamente y sostenibles en el tiempo para la Generalitat Valenciana y el conjunto de la ciudadanía".