Una empresa reclama 3 millones a Orihuela por el uso público de la carretera de Villamartín

La carretera que conecta la urbanización Villamartín con la nacional N-332, una de las de más afluencia en Orihuela Costa por estar además en el entorno del centro comercial Zenia Boulevard, se ha estado usando públicamente durante más de 40 años aunque era un terreno privado. 

La propietaria de los terrenos que ocupan el vial, la constructora Urbanizadora Villamartín S.A., reclama al Ayuntamiento de Orihuela casi 3 millones de euros por los intereses devengados desde la ocupación de esta superficie de 11.832 metros cuadrados.

Un vial que, por otra parte, ha sido imprescindible para la comercialización de las viviendas que esta misma empresa construyó.

El Juzgado de lo Contencioso de Elche ha desestimado íntegramente esta reclamación con una sentencia que la promotora urbanística ha recurrido en apelación al Tribunal Superior de Justicia, a lo que el Ayuntamiento se ha opuesto. 

Cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela en 1994 para el suelo urbanizable de la zona costera había un vial que atravesaba La Zenia en dirección Villamartín que fue clasificado como sistema general, pero no se adscribió a ningún sector, por lo que la única manera de obtenerlo legalmente era mediante expropiación. 

Y es que otro aspecto legal en el que ha derivado este uso público del vial ha sido en que después de muchos años de procedimientos judiciales, hubo una sentencia firme que obligó al Consistorio a expropiar esa superficie.

Tras un periplo judicial que se inició en 2009, finalmente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falló en julio de 2021 que el Ayuntamiento debía pagar los suelos propiedad de la empresa constructora a través de un expediente de expropiación. En concreto, dictaminaba que "es evidente que este sistema general viario no puede ser adquirido por compensación, puesto que existen unas sentencias que así lo determinan", por lo que "la única posibilidad de satisfacer a su titular los derechos determinantes es la expropiación, de manera que es necesario satisfacer las pretensiones del actor y determinar el contenido económico de sus derechos en relación con esos suelos convertidos en sistema general viario".

La sentencia afirmaba que queda acreditado que "la finca, que la mercantil destinó a uso privado de su propia urbanización, ha sido destinada a vial", e incluso detallaba que tiene "el carácter de un sistema general y de acceso y servicio a numerosas urbanizaciones de la zona costera".

Así, instaba a la administración local a adoptar "las medidas necesarias para promover y activar la ejecución de las sentencias", ordenándole a presentar la hoja de aprecio para que fuera fijado el justiprecio por el Jurado de Expropiación.

La empresa hizo una valoración de 2,2 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento tasó la operación en alrededor 1,2 millones, un cálculo que el Jurado Provincial de Expropiación consideró acertado.

De hecho, en septiembre de 2022, el anterior bipartito de PSOE y Ciudadanos llevó al pleno municipal una modificación de crédito, a través de los remanentes -o superávit-, de 1,2 millones de euros para la expropiación del vial.

Sin embargo, con posterioridad, el Tribunal Superior de Justicia anuló por medio de sentencia firme la decisión del Jurado Provincial, porque se consideraba que se debía valorar el suelo con otros coeficientes -de uso residencial, colectivo y unifamiliar- diferentes a los que había aplicado el Consistorio y el Jurado Provincial de Expropiación.

Esto, explican a este periódico los servicios jurídicos del Ayuntamiento, "inevitablemente ha hecho que el valor de la expropiación haya subido a casi 1,9 millones", una cifra que, con todo, "sigue estando por debajo de lo que pedía la empresa propietaria", añaden las mismas fuentes.

José Aix, portavoz de Cs, ha afeado en varias ocasiones al bipartito de PP y Vox que haya abonado a la constructora 700.000 euros más de lo que estaba previsto cuando él formaba parte del equipo de gobierno.

Cuestiones pendientes

La mercantil está vinculada a la familia Pedrera, que es propietaria también de casi un 30 % del Palacio Sorzano de Tejada. El 70 % restante (las plantas primera, segunda, tercera y cuarta) es del Consistorio, en base a un acuerdo de cesión en 2010. Siete años después, la Fundación Pedrera solicitó obtener de nuevo la propiedad del palacio. Ante la negativa del Ayuntamiento, a finales de 2020 acudió a los juzgados para lograr la reversión, alegando que se había incumplido el acuerdo.

Durante el anterior mandato se intentó una permuta por el Molino de la Ciudad, también propiedad de la fundación, algo que el actual bipartito tampoco ha descartado, según afirmó el propio alcalde, Pepe Vegara, en una entrevista a este periódico.