Análisis | Vox, refugio seguro y cómodo para Barcala

Dice el maestro Joaquín Sabina, recordando unos versos del poeta Félix Grande, que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Trasladando esas palabras a la política, donde la felicidad se configura en torno a la victoria, ya sea en las urnas o en el pleno, para el alcalde de Alicante, Luis Barcala, es habitual volver a su refugio siempre que la situación lo requiere, cuando necesita sentirse seguro, cómodo. 

Así ha sucedido, de nuevo, esta semana. Y para no variar, llevando el asunto por la vía de urgencia, apurando al máximo los plazos. El regidor popular alcanzó sobre la bocina un acuerdo con Vox, su aliado en el Pleno de Alicante, para desbloquear la creación de un «gobierno paralelo», de esa estructura directiva de la que adolece el Ayuntamiento de Alicante y que incluye —sobre el papel— dos coordinadores generales y hasta diez directores generales. 

Lo hizo, como es habitual, sin tener que transigir en exceso, ganando la batalla del relato. No se caracteriza Vox en Alicante por ser una formación que ejerce una fuerte presión sobre el ejecutivo de Barcala, pese a que éste se halla en minoría y siempre necesita a un grupo de la oposición para sacar adelante sus iniciativas. Vox lo intenta con incursiones puntuales, como así hizo obligando a Barcala a suspender el pleno de principios de octubre convocado exclusivamente para aprobar los sueldos de los nuevos altos cargos. Al final, acaba cediendo a cambio de lo justo. Así se vio el pasado mandato en los presupuestos aprobados y así ha sido en esta ocasión, en la que tres han sido sus muescas. La más relevante sería dejar en barbecho (que no eliminar, aunque así lo aseguró en pleno su portavoz, Carmen Robledillo) cuatro direcciones generales (Servicios Centrales, Medio Ambiente, Cultura y Deportes e Innovación). 

Barcala elige a Asunción Martínez como coordinadora general del Ayuntamiento de Alicante

¿Y por qué esas y no otras? Por simple preferencia, porque los ultras necesitaban reducir la nómina de «grasa» del «chiringuito» —como dirían tanto PP como Vox de tratarse de una estructura impulsada por la izquierda— para intentar dejar su impronta en el acuerdo. Los ultras también han querido tener voz y voto —aunque por el momento no se ha visto esa impronta— en la elección de los perfiles, más allá de que Barcala anunciase, minutos después de que este diario desvelase que el principal fichaje para esta estructura directiva ya tiene nombre: Asunción Martínez, que los puestos saldrán a convocatoria pública para que se puedan presentar todos aquellos interesados. Optar será libre. ¿La designación? A dedo, como marca la ley.

Los ultras esperan que, al margen de los tres primeros nombres ya conocidos —los coordinadores Asunción Martínez y Vicente López, dos perfiles antagónicos para un mismo estatus, y la directora de PGOU, Leticia Martín—, sus propuestas sean tenidas en cuenta, aunque sin descuidar el controvertido valor que tiene la palabra del alcalde, según lamentan aquellos que han negociado con él en los últimos años, desde la oposición al gobierno.

Por último, sabedores de que se revolverían los funcionarios, que llevan cinco años esperando que Barcala cumpla la promesa electoral de implantar la carrera profesional, Vox exigió añadir al acuerdo que forzarían al PP —pese a que el gobierno ya se lo ha prometido a los sindicatos— a incluir en el Presupuesto de 2024 una partida económica suficiente para impulsar una herramienta que, en la práctica, supondrá un aumento salarial para la plantilla en función de parámetros como la antigüedad, el puesto de trabajo, la formación, la participación en logros o el desempeño laboral. 

Barcala defiende el "gobierno paralelo" de altos cargos en Alicante: "La intención es hacer una administración más moderna"

Acuerdo sobre el «gobierno paralelo» al margen, las dudas agitan a Vox en Alicante, donde no olvidan lo que le pasó a Ciudadanos tras convertirse en muleta de Barcala. El debate de más peso en el seno de la formación a nivel local, aunque en los de verde toda decisión se fragua en Madrid, gira en torno a la conveniencia de intentar forzar su entrada en el gobierno de Alicante —como ha sucedido en València, donde María José Catalá acaba de firmar un pacto de gobierno con los ultras en busca de estabilidad al estar también el PP en minoría en el Pleno— o seguir en la oposición, intentando marcar agenda con sus batallas más ideológicas: avivar el problema de la seguridad, rechazar la reducción del tráfico en busca de una ciudad más del peatón o defender el comercio y la hostelería. Saben que si pudieran entrar al gobierno tendrían más poder y manejarían presupuesto. Sin embargo, no obvian que deberían cumplir con lo prometido (y las posiciones extremas no siempre tienen encaje real) y que la presión hacia el PP ya se vería como falta de lealtad. 

Por ahora, a la espera de acontecimientos, Vox en Alicante tiene previsto seguir con su hoja de ruta, con ese perfil bajo sin estridencias (más allá de algún tirón de orejas plenario). Eso sí, será entre voces internas que piden más presión a Barcala, otras reclaman «cabeza» para no acabar al final junto a la izquierda y las hay que apuestan por intentar ser gobierno por lo que pueda pasar en el futuro. Todos en el Ayuntamiento miran como posible punto de inflexión los presupuestos de 2024. ¿Será Vox clave de nuevo? ¿Habrá algún grupo de la izquierda —Compromís ya ha tendido la mano— dispuesto a salvar el trámite plenario más importante del año a Barcala? Los ultras admiten que su peso dependerá de la actitud de los progresistas. Si éstos se reafirman en el «no» de 2023, un año en lo municipal marcado por las elecciones del 28M, Vox tendrá más poder, y ahí podría haber un giro de timón. 

Existe un precedente cercano: Barcala ya les rechazó la propuesta de entrar en el gobierno en busca de la supuesta estabilidad que dan los números. El popular lleva cinco años y medio de cómodo gobierno en minoría. El susto inicial se le pasó con el tiempo, ya que, hasta ahora y a pesar de su talante, apenas ha sufrido sobresaltos, más allá de tener que renunciar a externalizar la gestión de los impuestos o verse obligado a prorrogar las cuentas de 2022.