Barcala acelera para aprobar cuanto antes la moratoria a los bloques turísticos en Alicante

El gobierno municipal de Alicante no quiere esperar hasta el pleno ordinario de este mes, previsto para el 31 de julio, para aprobar la moratoria de las licencias para los bloques turísticos en la ciudad. El ejecutivo liderado por Luis Barcala ha decidido incluir la propuesta urbanística en la sesión extraordinaria convocada para el próximo martes, 22 de julio, impulsada a priori para sacar adelante la segunda modificación presupuestaria de 35,1 millones de euros. Así se ha confirmado este jueves, en la reunión de la Junta de Portavoces.

La inclusión de la moratoria en este pleno se ha concretado este jueves, aunque su incorporación comenzó a perfilarse la semana pasada, con la convocatoria anticipada de la Comisión de Urbanismo, anunciada el pasado viernes para el miércoles de esta semana. Hasta entonces, el pleno extraordinario había sido anunciado únicamente como vía para sacar adelante con premura una segunda modificación de crédito, sin referencia a la suspensión de licencias vinculadas a nuevos bloques turísticos.

Esta modificación es la segunda desde que entró en vigor el Presupuesto de 2025, en abril, y contempla actuaciones por 5,9 millones de euros, además del pago de "facturas" pendientes. No obstante, la mayor parte del importe, 24 millones, se destinará a cancelar dos préstamos formalizados en 2022 y 2023. La propuesta económica pasó el pasado miércoles el filtro de la Comisión de Hacienda con el voto favorable de Vox, tras el pacto entre ambas formaciones, la abstención del PSOE y el rechazo de Compromís, un esquema de votación que se prevé que se repita en el pleno del martes.

Tensión por los apoyos a la moratoria

Más abierta está, por ahora, la votación sobre la moratoria de licencias a bloques turísticos, aunque se da por hecho que su aprobación no corre peligro. Pese a que el expediente fue aprobado en la Comisión de Urbanismo con los votos de PP y PSOE, los socialistas han supeditado su respaldo en el pleno a que el gobierno local incorpore medidas concretas para abordar la crisis de acceso a la vivienda. Ambas formaciones acordaron mantener una reunión para definir el alcance de estas medidas, pero por ahora no hay fecha ni hora fijadas. Ese encuentro deberá celebrarse, como tarde, el lunes 21 de julio, en la previa del pleno extraordinario.

Su resultado será determinante para conocer si la moratoria podrá contar con respaldo amplamente mayoritario. En cualquier caso, y dado que el concejal de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, se encuentra de baja por permiso de acogimiento, el equipo de gobierno del PP podría aprobar la medida incluso con el voto de calidad del alcalde en caso de empate, o siempre que al menos un grupo de la oposición se abstenga.

La medida, de aprobarse como se prevé, supondrá la ampliación de la actual moratoria a nuevos usos turísticos como los bloques de apartamentos, pensiones y albergues, aplicándose en todo el término municipal de Alicante. Su entrada en vigor se producirá una vez publicada en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana (DOGV), aunque su vigencia se retrotrae al 13 de enero de 2025, fecha de aprobación de la moratoria inicial para viviendas turísticas en edificios residenciales. Ambas estarán en vigor hasta enero de 2027, coincidiendo con el plazo máximo legal de dos años previsto para medidas de este tipo, siempre que el próximo mes de enero el Ayuntamiento acredite que está trabajando en la modificación de la normativa urbanística, teniendo que llevar a exposición pública el nuevo plan.

Durante ese periodo, no podrán tramitarse nuevas solicitudes de licencia ni declaraciones responsables para implantar este tipo de usos en suelo residencial, salvo que ya se hubiesen presentado antes de la entrada en vigor de la suspensión.

Efectos sobre la ciudad

La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, explicó este miércoles en rueda de prensa que la ampliación se justifica en un informe técnico elaborado del servicio de Planeamiento Urbanístico. Según Gómez, desde la aprobación de la primera moratoria los técnicos han seguido evaluando el impacto del crecimiento de este modelo de alojamiento. En concreto, la capacidad de alojamiento de estos bloques ha pasado de 573 plazas en 2018 a casi 2.400 en 2025. Este incremento, señalan los técnicos, se ha producido sin estar sometido a una planificación integral y ha contribuido a generar "impactos negativos" en determinadas zonas.

Entre los efectos detectados, el informe menciona la alteración del uso residencial del suelo, la presión sobre los servicios públicos y la transformación de los barrios. Se apunta, además, a una pérdida de identidad vecinal y un aumento de molestias relacionadas con el uso turístico intensivo. El informe también advierte del riesgo de que las categorías de pensiones y albergues se utilicen como vía para sortear la actual regulación, al no estar sujetas a las restricciones impuestas a las viviendas de uso turístico. Esta posibilidad se considera un incentivo para “recategorizaciones estratégicas” y ha motivado su inclusión en la propuesta de suspensión.

Precisamente, la base legal que ampara esta decisión permite a la administración municipal suspender licencias urbanísticas como paso previo al estudio y reforma del planeamiento. Durante el periodo de suspensión, el Ayuntamiento de Alicante deberá elaborar una nueva normativa urbanística que defina el modelo de ciudad en relación con los alojamientos turísticos en los próximos dos años.

Suscríbete para seguir leyendo